Vocales progresistas impugnan ante el Supremo «el rodillo» de Lesmes

Cuatro vocales del sector progresista del CGPJ han anunciado la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Quieren impugnar las decisiones adoptadas por el presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, durante el Pleno del 29 de enero de este año sobre la renovación anual de las comisiones que integran el Consejo. Entienden estas vocales que «se infringieron abiertamente las reglas establecidas legal y reglamentariamente para la formación de la voluntad colegiada y las normas de conformación de las comisiones» que integran el órgano.

«Pese a que seis vocales propusimos en tiempo y forma como punto del orden del día del Pleno la votación individualizada de la conformación de cada una de las Comisiones, y de que tres vocales habían ya formalizado su candidatura para integrar la Comisión Permanente, el presidente sometió únicamente su propuesta personal, desconocida por el Pleno al no haber sido formulada previamente por escrito, incumpliendo así de forma clara lo previsto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo».

Denuncian que Lesmes se negó a someter a votación las candidaturas formuladas y la composición individualizada de cada una de las comisiones, «vulnerando nuestro derecho de participación, e infringiendo la normativa orgánica que establece la preceptividad de la renovación de las comisiones que integran el CGPJ». Según Roser Bach, María Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga y Concepción Sáez, es fundamental que los procesos de decisión se ajusten a las normas previstas, ya que las mismas «tienen como finalidad asegurar la participación y el pluralismo» en el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, esta forma de proceder contraviene las más elementales normas de procedimiento y de conformación de la voluntad del Consejo, como órgano colegiado.

Denuncian, además, que «los llamamientos a la conformación dialogada y consensuada de las decisiones, a la toma en consideración de las opiniones discrepantes, al respeto a las minorías, se vienen desatendiendo sistemática y constantemente» por la presidencia del Consejo, señalan. La decisión que impugnan es, dicen, «un eslabón más de toda una larga cadena de arbitrariedades» que se sostienen en una estructura orgánica de tendencia marcadamente presidencialista, afianzada por el comportamiento institucional de su actual presidente, que «quiebra el carácter colegiado del Consejo en su configuración constitucional, y compromete gravemente su funcionamiento democrático».