Mas hace historia con su descalabro

La foto de aquel «histórico» 28 de septiembre de 2014, fecha en la que el presidente Artur Mas firmó el decreto de convocatoria de la consulta del 9-N, se ha ido difuminando hasta que, ayer, el Tribunal Constitucional (TC) la borró completamente. De aquella imagen ya se apearon sus tres principales aliados secesionistas, ERC, ICV y CUP, mientras que Unió, socia de Convergencia en la federación de CiU y contraria a la independencia de Cataluña, lo hará previsiblemente después de las elecciones municipales de mayo. Son pocos los que todavía creen en el proceso de Mas.

La resolución del TC se produce a siete meses de las elecciones autonómicas avanzadas por el líder de CiU (es el segundo adelanto electoral desde que se convirtió en presidente de la Generalitat en 2010) en un intento desesperado de retener a Esquerra y demostrar que su plan cuenta con apoyo social y transversal . Y también con un discurso cada vez más radical, pues el dirigente nacionalista se ha propuesto crear «estructuras de estado» de forma inminente y ha encomendado a su nuevo comisionado de la transición nacional, el ex vicepresidente del TC, Carles Viver Pi i Sunyer, redactar una constitución catalana provisional en previsión de una hipotética independencia. Mas dice ahora que la decisión del TC obliga más que nunca a celebrar comicios el 27 de septiembre en clave refrendaria, lo que supone reconocer que el 9-N fue una farsa innecesaria. Un fracaso, dada la escasa participación, pues solo uno de cada tres catalanes con derecho a votar -el «censo» era generoso, pues extranjeros y mayores de 16 años estaban incluidos- acudieron finalmente.

Y es que el referéndum encubierto sobre el Estado propio catalán llevaba el germen de su propia destrucción. Sin Constitución ni ley que avalara una pregunta sobre la ruptura de España , Artur Mas se encomendó jurídicamente a una ley de consultas catalana cuyo único fin era poder convocar a la ciudadanía catalana a pronunciarse sobre un proyecto que Mas abrazaba por motivos mucho más electoralistas que ideológicos, pues Convergencia nunca había defendido la ruptura.

El Consejo de Garantías Estatutarias, órgano dependiente de la Generalitat concebido como una especie de «tribunal constitucional a la catalana», ya dio muestras de que la ley era insostenible: cuatro miembros propuestos por PSC, ICV y PP advertían que invadía competencias estatales y que disfrazaba de consulta un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Era cuestión de días que el propio TC, tras los recursos presentados por el Gobierno, suspendiera esa votación. El dirigente nacionalista dio marcha atrás y sustituyó ese referéndum por un proceso de participación ciudadana que, a juicio de Esquerra, Iniciativa y CUP, suponía un simulacro. El frente secesionista, aquel que posó para la foto del 28 de septiembre, se resquebrajaba.

Estas formaciones toleraron, pero no promovieron, ese nuevo proceso de participación, también recurrido y suspendido cautelarmente por el TC, que aún no se ha pronunciado. El empecinamiento de Artur Mas en consultar a los catalanes derivó en la presentación de una querella por desobediencia por parte de la Fiscalía contra el propio presidente, la vicepresidenta catalana Joana Ortega -encargada de la logística- y la consejera de Educación, Irene Rigau -colegios públicos fueron utilizados como sede electoral-. La querella, que sigue su proceso judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, es invocada por Mas cada vez que ERC insinúa que CiU no será capaz de llevar hasta el final su plan soberanista. Un plan que, según volvieron a recordarle ayer representantes del mundo empresarial durante un acto en el Círculo de Economía, provoca inestabilidad. Estos le afearon un nuevo adelanto electoral, la amenaza de la salida de la UE y la falta de diálogo con el Gobierno.

Mas hizo oídos sordos, aunque afirma que es el presidente Mariano Rajoy quien «se muestra sordo al diálogo» y que «la mayor incertidumbre es no resolver la cuestión catalana». Es obvio que el líder de CiU ya está en campaña. Lo está desde el 14 de enero, fecha en la que anunció un acuerdo con el líder de ERC, Oriol Junqueras, para adelantar las elecciones al 27 de septiembre y consensuar una hoja de ruta común, aunque ambas formaciones se presentarán por separado. Todavía no hay acuerdo en este sentido.