Los independentistas catalanes preparan el asalto al patrimonio español

Se trata de un listado que los asesores del presidente Artur Mas entienden que se debe elaborar y que CiU y ERC abordó en sus negociaciones sobre la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para 2015. Los republicanos lograron que la formación que lidera Artur Mas aceptara una enmienda por la que el Gobierno catalán se compromete a enviar al Parlamento autonómico antes de tres meses una reforma de la ley de patrimono de la Generalitat para prever los mecanismos de inventario, división y reasignación de los activos y pasivos de las administraciones públicas con presencia en Cataluña en caso de independencia, de acuerdo con los estándares internacionales de la Convención de Viena aprobada por las Naciones Unidas el 7 de abril de 1983.

La ANC invoca precisamente esta Convención para asegurar que el patrimonio inmobiliario del Estado «se deberá repartir de manera proporcional». Por eso, a través de su sectorial de «Arquitectura, Edificación y Territorio para la Independencia», elabora un listado de esos edificios estatales denominado «Inventario por la Independencia». De momento, este grupo de profesionales ha contabilizado una cincuentena de inmuebles, la mayoría en Barcelona y su área metropolitana. Cada uno lleva su propia ficha donde figura toda la información pública disponible que se ha obtenido del Catastro, del Mapa Urbanístico de Cataluña (MUC) y de Google Maps.

Entre los bienes susceptibles de ser requisados por un virtual estado catalán se encuentra la Escuela Judicial, la administración de aduanas, juzgados, la Jefatura Superior de Policía, el cuartel del Bruc, la comandancia militar de Marina o el castillo de Montjuïc, entre otros. Las sedes de las delegaciones del Gobierno en Cataluña, así como los cuarteles de la Guardia Civil y recintos militares están incluidos en ese listado. La ANC propone a la ciudadanía que sugiera nuevos usos para ese patrimonio a través de su web.

La necesidad de determinar qué bienes españoles pasarían a formar parte de una hipotética Cataluña independiente también está contemplada en el informe titulado «La distribución de activos y pasivos» elaborado por el Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN), órgano encargado de tutelar jurídicamente el proceso secesionista que lidera Artur Mas.

En este estudio se explica que «la transmisión de bienes de Estado en casos de sucesión de Estados también incluye archivos, bienes culturales y patrimonio nacional. En principio, el Estado predecesor ha de transferir a los Estados sucesores: a) los archivos propios; b) los que hagan referencia explícita a su territorio, historia o población; c) los que sean necesarios para el buen funcionamiento de sus instituciones y servicios públicos; y d) aquellos archivos y fondos documentales cuya autoría corresponda a un connacional del Estado sucesor».

Esto incluye «todo tipo de bases de datos de hacienda sobre contribuyentes, censos electorales, registro civil, registro de penados, archivos hospitalarios, policiales, de la Seguridad Social, de tráfico, fondos documentales, archivos históricos, expedientes abiertos pendientes de resolución administrativa, etc. En principio, la transmisión de archivos debe ser sin contraprestación.

Asimismo, el CATN destalla que «la distribución del patrimonio nacional también es negociada. Afecta a bienes de interés cultural, bienes muebles inventariados y el resto del patrimonio histórico español, que incluye todos los bienes muebles e inmuebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico y técnico, para los cuales no existe un inventario general».

Finalmente, los asesores de Mas explican que «una casuística que sí que regula el Derecho Internacional es el caso de obras anónimas o de autores de origen desconocido. En este caso, en principio se debería aplicar un criterio de proporcionalidad y de equidad según el peso demográfico de cada Estado sucesor y según el porcentaje de deuda no territorializable que cada uno de ellos asuma. En principio debería tratarse como un activo no territorializable y, por tanto, común a todos los españoles».