La expropiación como amenaza

El lugar en el que debían presentarse de inmediato los representantes empresariales españoles era el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno de Venezuela y del despacho del presidente de la República, Nicolás Maduro. Según han relatado a ABC fuentes conocedoras de la reunión, los receptores de tan improvisada convocatoria fueron los representantes en Venezuela de Telefónica, Repsol, BBVA, Mapfre, Iberia, Air Europa y Meliá, las más importantes compañías españolas con intereses en ese país sudamericano. En representación del Gobierno de Maduro asistieron el vicepresidente Jorge Arreaza; el vicecanciller para Europa, Calixto Ortega, y el presidente de la Corporación venezolana de Comercio Exterior, Ramón Gordils. Estos altos cargos del Gobierno venezolano exigieron a los empresarios españoles que presionen al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y, especialmente, al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo. De lo contrario, aseguraron textualmente, «procederán a la expropiación inmediata».

El principal argumento esgrimido por los enviados de Maduro fue que el punto débil del Gobierno español son sus empresas en el exterior. Es su «talón de Aquiles», dijeron literalmente antes de asegurar que por ese motivo procederían hasta las últimas consecuencias si no cesaba esa supuesta campaña contra Podemos y ese supuesto interés por vincular este partido con el Gobierno venezolano.

La segunda preocupación de los hombres de Maduro tenía también que ver con informaciones periodísticas publicadas en medios españoles, aunque en este caso no relacionadas con Podemos sino con Diosdado Cabello, número dos de Maduro y presidente de la Asamblea Nacional venezolana. Precisamente fue ABC quien publicó que su exjefe de seguridad había desertado a Estados Unidos y acusaba a Cabello de ser el máximo responsable del narcotráfico paraestatal venezolano.

De las siete empresas españolas representadas en el encuentro, la que recibió la amenaza más directa fue Repsol. La petrolera tiene en suelo venezolano importantes activos en hidrocarburos, de donde procede cerca del 10 por ciento de la producción total de la multinacional española. No obstante, el resto de compañías también fueron objeto de presiones similares.

La reunión revela, en primer lugar, el interés del Ejecutivo venezolano por proteger al partido político Podemos, cuyos principales dirigentes -Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, Carolina Bescansa o Luis Alegre- no han ocultado su admiración con el régimen bolivariano, tal y como se ha venido publicando en la mayoría de los medios de comunicación españoles en los últimos meses.

Especialmente significativas son las informaciones que revelan el vínculo del régimen chavista con Monedero , número tres del partido: desde los 425.000 euros que cobró de los Gobiernos de Venezuela, Bolivia, Ecuador o Nicaragua por unas supuestas asesorías para el establecimiento de una moneda común en Latinoamérica hasta los 35.000 euros que le pagó el Ejecutivo de Chávez por distintas asesorías, como acreditó documentalmente ABC la semana pasada. No obstante, pese a que Monedero fue asesor del Gobierno venezolano desde 2005 hasta al menos el año pasado -y que él mismo ha reconocido haber cobrado por ello-, los representantes gubernamentales negaron en la reunión cualquier vinculación con Podemos.

El vínculo ideológico y la admiración de la cúpula de este partido político por el régimen del fallecido Hugo Chávez está al alcance de cualquier ciudadano que dedique unos minutos a navegar por Internet: «Me emociona escuchar al comandante, se le echa mucho de menos, cuántas verdades nos ha dicho este hombre. (…) Lo que ha ocurrido en Venezuela, lo que está ocurriendo en América Latina, es una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa». Lo dijo Pablo Iglesias en un programa de televisión de aquel país.

Pero más allá de ese ánimo por proteger a Podemos, el mensaje transmitido en ese reunión pone sobre la mesa el escaso respeto del Gobierno venezolano por el funcionamiento de un sistema democrático. Según la lógica de los representantes del Gobierno venezolano, los empresarios españoles deberán presionar al Gobierno español para que éste a su vez presione a los medios de comunicación con el fin de censurar sus informaciones.