Se ofrecen chicas de 14 a 17 años desde 80 euros para clientes sin escrúpulos

Las investigaciones sobre esta trama comenzaron en agosto cuando los padres de una menor ecuatoriana de 17 años denunciaron que su hija se había marchado de casa, después de algunos meses de haber cambiado radicalmente de actitud y de comenzar a llevar un nivel de vida que en ningún caso se correspondía con los ingresos de su familia. A la vista de la denuncia, desde el primer momento la Policía sospechó que la joven podía haber caído en manos de una red de prostitución y abrió una línea de investigación en este sentido.

Las pesquisas comenzaron a dar resultado en octubre, cuando se localizó a la joven ecuatoriana en un piso particular en el que también residían otras chicas, cuyo propietario era un matrimonio que las explotaba sexualmente. Por los datos obtenidos de estas víctimas la Policía descubrió que se trataba de la punta del iceberg de una gran red al frente de la cual estaban tres mujeres, dos de ellas ayudadas por sus parejas sentimentales. Se trataba de las responsables de la coordinación de las labores de captación de las menores, gestionando además cada una de ellas un piso-prostíbulo, donde se localizó el «book» fotográfico con 400 mujeres. Además fueron detenidos cuatro chóferes que se ocupaban del desplazamiento de las jóvenes.

La organización se ponía en contacto con chicas que publicaban en internet anuncios pidiendo trabajo como cuidadoras. Además, una menor captó a varias compañeras de clase en su propio colegio, si bien en la mayoría de casos las jóvenes fueron captadas en discotecas de ambiente latino, de ahí que casi todas fueran ecuatorianas, colombianas, paraguayas o bolivianas. Los responsables de la red entraban en contacto con ellas y, tras llamarlas y mandarles mensajes de forma insistente, poco a poco las convencían para que comenzasen a trabajar como masajistas, proponiéndoles ganar «dinero fácil» pero sin decirles que iban a mantener relaciones sexuales.

La vía de comunicación entre las tres responsables de la trama y sus clientes, en la mayoría de los casos, era a través de aplicaciones de mensajería instantánea como «WhatsApp» y diferentes redes sociales. Aunque cada explotadora sexual tenía sus chicas y su cartera de clientes, existía un intercambio habitual en ambos sentidos. En uno de los casos, la chica se negó a mantener una relación sexual completa y el cliente trató de forzarla, por lo que el autor pasó a disposición por agresión sexual.

Cuando los padres de las menores sospechaban del dinero que manejaban sus hijas, las propias captadoras les facilitaban una coartada. De hecho, en uno de los casos un padre preguntó cómo era posible que dispusiera de tanto dinero, a lo que la chica le respondió que era porque cuidaba niños. No satisfecho con la explicación, le pidió que le presentara a la madre de ese supuesto niño. Una de las captadoras se hizo pasar por ella e incluso pidió prestado un bebé, sobrino suyo, y un carrito para la cita, que tuvo lugar en un ambulatorio de la ciudad.

Los clientes detenidos, hasta 15, lo fueron porque pedían específicamente los servicios de menores y, en algún caso, porque cuando la chica le decía que no tenía 18 años seguía adelante como si nada ocurriera. El perfil de estos sujetos, según las fuentes policiales consultadas por ABC, era muy amplio, y había desde empresarios hasta abogados, pasando por profesionales de todo tipo. Se cree, además, que hay más menores que han sido víctimas de esta red. Durante la investigación se han realizado tres registros en pisos.

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, que ayer dio en Murcia los detalles de la investigación, recordó que su departamento puso en marcha un plan específico en abril de 2013 contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y, desde entonces, se han desarrollado 462 operaciones en toda España, con 1.450 detenidos, liberando y asistiendo a 641 víctimas, prácticamente todas ellas mujeres. De ellas, 76 eran menores. Cosidó precisó que uno de cada tres casos de abusos sexuales que se producen en España tienen como víctima a un menor, lo que eleva la cifra a 1.500 casos en toda España durante 2014.