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El largo proceso para expulsar a un cargo electo

Con su renuncia, Marcos Martínez ha acelerado unos procedimientos administrativos que se podrían haber alargado un mes más

El largo proceso para expulsar a un cargo electo ABC

Abc.es

Nombre: Marcos Martínez Barazón. Cargos: alcalde de Cuadros y presidente de la Diputación Provincial de León. Lugar de residencia: la cárcel. Esto es lo que podría haber puesto hasta hace unos días en el currículum del citado político que, pese a su detención en la Operación Púnica, no quería renunciar a sus cargos. Quince días se ha mantenido hasta presentar su dimisión. Pero podrían haber sido más.

Finalmente, la dimisión de Martínez Barazón ha reducido entre tres y cuatro semanas el plazo para que la diputación provincial pueda tener un nuevo presidente . «Supone un alivio en tiempo y en procedimientos porque se acortan los pasos que hay que dar», reconocía el presidente del PP en León, Eduardo Fernández.

Porque el proceso previsto en la ley no es sencillo ni rápido. Tampoco viene agilizado por los estatutos del partido. De hecho, lo que pone en los estatutos internos del PP se refiere a la necesidad de la aprobación por parte del Comité Ejecutivo Regional de su ámbito territorial, de autorizar y aprobar cualquier moción de censura, así como la elaboración de otro informe previo del Comité Ejecutivo Provincial. Dos elementos que solo alargan el proceso. Asimismo, promover mociones de censura contra cargos del Partido Popular en cualquier área de gobierno sin autorización del Comité Ejecutivo Provincial es motivo de suspensión de la militancia, según recogen los estatutos. Y además es necesaria la apertura de un expediente disciplinario para poder llevar a cabo la posterior expulsión del partido del susodicho.

Fuera de cualquier estatuto, es la la Ley Orgánica 5/1985 la que regula los trámites para poder destituir a un alcalde o a un presidente de una Diputación. Como herramienta a los partidos políticos, la ley establece que se puede arrebatar el puesto a un alcalde o presidente de diputación mediante una moción de censura. En el caso de un Ayuntamiento, la moción debe ser propuesta por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. También se debe incluir el nombre de un candidato como sustituto. Es el mismo proceso que para un presidente de Diputación.

Una vez el documento se presenta en el Registro General de la Corporación, el Pleno queda automáticamente convocado para las doce horas del décimo día hábil siguiente al de su registro. El problema en este caso era que, antes de iniciar este trámite, el PP tenía que abrir un expediente disciplinario a Marcos Martinez, para poder expulsarle del partido.

Así, la dimisión de Martínez Barazón, firmada desde la cárcel , acorta un proceso que, de otro forma, se podría haber alargado hasta cerca de dos meses. También en su pueblo, Cuadros, se han iniciado ya los trámites para sustituirle, después de que en un principio sus concejales se negaran a iniciar una moción de censura.

Y, aún así, no se le puede quitar el acta, que es de caracter personal. Es decir, ninguna votación por parte de los concejales o de los diputados provincipales puede conseguir que se retire. Esto genera la paradoja de que a pesar de estar en prisión provisional y de haber renunciado a su cargo como alcalde y presidente de la Diputación, así como militante del PP, sigue siendo concejal y diputado. Eso sí, su renuncia le ha hecho perder el sueldo aunque, en caso de que el juez Eloy Velasco revocara la prisión incondicional, Marínez Barazón podría asistir tanto a los Plenos —remunerados con 372 euros— como a las comisiones informativas de la institución provincial —remuneradas con otros 279 euros—.

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