Cardenal: «Solo trataba con Aznar cuando le iba a entregar la memoria fiscal anual»

–37 años destinado al País Vasco, una vida entera, ¿cómo marcan?

–Fue mi primer y único destino. Salí de la escuela judicial en el año 60, me destinaron a Bilbao y ahí me quedé. Estaba muy a gusto, tenía muchas amistades. Lo único, los problemas que había en el País Vasco aquellos años.

–Eran los años que ETA golpeaba más duramente…

– Tras el juicio a Juan Carlos Yoldi, que fue uno de los pocos celebrados fuera de la Audiencia Nacional, al pertenecer a Herri Batasuna y ser parlamentario, fue cuando la Policía me dijo que sería conveniente que fuese con protección, y desde el año 1987 estuve con escolta. Siempre tienes que tomar precauciones, lo que llaman de autodefensa: no pasar por el mismo lugar a la misma hora, no llevar los mismos compañeros. Y solamente una vez en la calle, caminando por el centro de Bilbao, me dijeron, «¡el próximo va a ser usted cabrón, Cardenal!».

–Aznar destituyó por sorpresa al anterior fiscal general del Estado, ¿le llamo para ofrecerle el puesto?

–No, me llama la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, y tiene su historia. En enero de 1997 organizo una reunión de personalidades en Bilbao, para hablar de medidas contra el terrorismo. Quedamos en repetirla en el mes de mayo. Dos días antes, me llama Margarita, y me convoca previamente en su casa. Allí me dijo de golpe, «¿quieres ser fiscal general del Estado?». Me quede pasmado. «Déjeme pensar», le contesté. A los dos días me preguntó, «Jesús, ¿aceptas?». Y dije que sí. Se hizo público ese viernes en Consejo de Ministros.

–Ese nombramiento le a usted a los 67 años. A esa edad muchos ciudadanos están pensando en jubilarse

–(Se emociona por el recuerdo y le brillan los ojos) Fue algo que te sorprende, ¿por qué a mí? Y creo que es por el prestigio que tienes en la carrera.

–¿Trató usted con Aznar durante sus años de fiscal general?

–Mi relación era a través de sus ministros de Justicia. Con Margarita, después con Ángel Acebes y finalmente con José María Michavila. Sólo traté con el presidente cuando le iba a entregar la memoria anual, y una vez, al poco de llegar, porque no fui bien recibido por un sector de la prensa. Me llamo el presidente del Gobierno a su casa, me invito a un café, y me dijo «no te preocupes, yo estoy contento, y esto no va a ir a más».

–Sería por su memoria fiscal del Tribunal Vasco que recogía manifestaciones en contra del divorcio, del reconocimiento de las parejas homosexuales y del aborto.

–Sí, fue por esas palabras por las que Aznar me animó. No fue ninguna declaración, estaba en la memoria. Y en la toma de posesión en el Supremo al preguntarme, contesté, «ustedes lo han contado como han querido. Pues muy bien: ¡viva la libertad!».

–¿Qué piensa entonces de lo ocurrido con la reforma de la ley del aborto?

–Creo que debería haberse continuado. Es una promesa electoral del PP, los electores tienen derecho a protestar al menos. Si hay algún derecho, es el derecho a la vida, de él derivan todos los demás. Es un bien absoluto.

–Dicen que ejerció con mano dura, con autoridad.

–Creo que sí. No hubo situaciones de violencia, pero cuando entendía que no debía ser una cosa, se hace o no se hace, pero con mano suave siempre. Por encima de todo, diálogo.

–Le criticaban su conservadurismo y excesiva dependencia del Gobierno.

–Conservadurismo, no. He sido ortodoxo. Y no tengo constancia de ninguna dependencia del Gobierno.

–Los fiscales le cuestionaron por prohibirles criticar al Ejecutivo, incluso amenazó con abrirles expediente.

–Eso quizá sí fue poco pensado por mi parte. Fue un pronto. Creo que también se debe a la falta de experiencia, llevaba en el puesto medio año, y fue una reacción al ver que se estaban metiendo en un terreno que no era el suyo. Los fiscales tienen que guardar sus opiniones políticas.

–En esa época, uno de los fiscales «rebeldes» fue Eduardo Torres-Dulce, que es el actual fiscal general del Estado, usted no le admitió su dimisión.

–Me parecía que no tenía fundamento la protesta por mi nombramiento a Fungairiño. Eduardo estaba en la secretaría técnica, el órgano más próximo al fiscal general del Estado, es el hombre de confianza por excelencia, era muy competente… Presentaron la dimisión por coherencia. No la acepté y no se volvió a mentar.

–Los niveles de corrupción empiezan a ser pandémicos, como esta última operación en la que han detenido, entre muchos, a Francisco Granados.

–La macrorredada contra la corrupción es una señal de que la Justicia está bien, que funciona. Es malo que haya corrupción, pero peor sería que no se persiguiera. Es una cuestión personal, ni de este partido, ni del otro. Es un señor que se quiere enriquecer, no tiene relación con su pertenencia al PP.

–¿La percepción social sobre la corrupción se ha desmesurado por la lentitud del sistema judicial?

–Si hubiera respuestas más rápidas, quizá la sociedad estaría más satisfecha con la actuación de la Justicia. No es que no sea de buena calidad, sino que es lenta, porque los asuntos de corrupción son complejos y extensos, y la mecánica de nuestras leyes procesales no está creada para estos procedimientos, es antigua. El otro día el presidente del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes, dijo que la solución estaría en que la instrucción de las causas penales la llevará los fiscales.

–Y que la ley actual no está pensada para el gran defraudador.

–No digo que esté para el que roba gallinas, como dijo el presidente del Consejo, que es una expresión poco afortunada, pero sí que es del siglo pasado. Ha habido muchos retoques a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero el esquema es el mismo, hay que hacer una ley nueva, con otro enfoque y más medios.

–Usted rechazó una propuesta del PSOE de que los fiscales instruyan si no les garantiza la independencia.

–Entonces no estaba de acuerdo porque me parecía que los jueces eran de garantía. Visto el panorama, cómo están desbordados, y el clamor popular, si en lugar de un juez, fueran 10 ó 20 fiscales, coordinados por un único fiscal jefe, todo cambiaría.

–¿Cómo se tomarían los jueces este cambio de criterio?

–Creo que la mayoría de los jueces lo admitiría, porque se le reserva la resolución. ¿Una declaración de un testigo tiene más fuerza dicha ante un juez que un fiscal? Porque lo dice la ley, si no, no. Admito que puede haber jueces que no les guste, pero tenemos que ver qué es mejor para la Administración de Justicia, aparte de preferencias.

–Le acusaron de lanzarse a la piscina para defender a Pinochet cuando Baltasar Garzón decidió procesarlo.

–Garzón consideraba que los delitos que cometió Pinochet eran de lesa humanidad, en cuyo caso hubiera tenido competencia la jurisdicción española. Pero leí el listado de esos delitos en el Congreso de Viena y no estaban los cometidos por ideas políticas. Técnicamente no éramos competentes.

–«Comparto la opinión de que no hay indicio alguno de responsabilidad de Felipe González», dijo en referencia al auto dictado por Garzón sobre la conexión del presidente con los GAL.

–No tenía datos para decir que fuera responsable, que tuviera participación alguna. Los criterios siempre son jurídicos y se acabó. Ni Felipe González, ni cualquier otro caso, por eso es tan importante la mentalidad del fiscal, y someterse al principio de imparcialidad y de legalidad.

–En cambio, Felipe González le definió como la derecha más dura.

–¡Qué le vamos hacer! No me veo ni en la más blanda.

–Despachó con Ángel Acebes cuando era ministro de Justicia, ¿cómo ve su imputación?

–La sensación es de mala suerte. No de malicia, ni maldad, sino de que se ha equivocado, en el peor de los casos, ha cometido un error, pero con la mejor buena fe del mundo. No podemos hacer un juicio de valor hasta que no termine el juicio. Conociéndole sabes que es un hombre honrado, honesto y trabajador.

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