Mas fue consejero de la empresa cuyos terrenos investiga la Fiscalía

Artur Mas fue consejero de la Seda entre los años 1993 y 1994. Ahí coincidió con Jordi Pujol Ferrsuola, hijo del entonces presidente de la Generalitat. El primogénito de Jordi Pujol y Marta Ferrusola fue administrador de Hispano Química S.A., filial de La Seda, entre 1992 y 1993.

Lo que actualmente está bajo investigación son los terrenos que ocupaba la antigua fábrica de La Seda en el Prat de Llobregat, una zona muy cotizada, junto al aeropuerto. El solar lo compró en el año 2000 Felip Massot, el constructor amigo de Artur Mas. Lo hizo a través de la mercantil Omnia Llar S.L.. del grupo Vertix, que pagó 18 millones de euros. En mayo de 2007, Massot propuso a Caixa Catalunya urbanizarlos y se los vendió por 50 millones de euros, con una plusvalía de 32 millones de euros. La tasación, que se realizó a posteriori, en diciembre de ese año, en lugar de antes de comprar el suelo, lo valoró en 38 millones de euros, doce menos de lo que habían pagado. En ese momento, el presidente de Caixa Catalunya era Narcis Serra, el que fuera ministro de Defensa y vicepresidente del Gobierno con Felipe González.

Actualmente Caixa Catalunya pertenece al grupo Catalunya Banc y opera bajo la marca comercial CatalunyaCaixa. La entidad encargó una auditoría interna en la que ha aflorado este presunto fraude. El FROB, que tuvo que rescatar a la caja catalana con dinero público, decidió hace unos días trasladar esta operación inmobiliaria, junto con otras quince, a la Fiscalía Anticorrupción.

Caixa Catalunya se había asociado a Felip Massot en una empresa inmobiliaria al 50 por ciento, Vertix Procam. La operación de La Seda se realizó a través de esta firma, pero no fue la única. Tal y como adelantó ayer ABC, hubo tres operaciones inmobiliarias que provocaron a la caja catalana un perjuicio mínimo de 30 millones de euros. Las tres compras de suelo están siendo investigadas por la Fiscalía Anticorrupción.

El caso de La Seda de Barcelona es especialmente polémico. El presidente de la compañía ante el que rendía cuentas el entonces consejero Artur Mas es Rafael Español, para el que la Fiscalía ha pedido 27 años y medio de prisión por apropiarse de 12,2 millones de euros de la empresa química entre 2000 y 2004. Fue la propia firma industrial quien lo denunció. La compañía está actualmente en concurso de acreedores, con una deuda de más de 900 millones de euros. Otros convergentes que compartieron asiento con Artur Mas en el consejo de administración de la industria química fueron Jordi Vilajoana y Carles Vilarrubí.

El primero dejó la empresa en 1995 para ser nombrado por Pujol presidente de la Corporación Catalana de Radio y Televisión. Luego fue consejero de Cultura de la Generalitat. «Pata negra» de Convergencia, Vilajoana también ha sido diputado en el Congreso por Barcelona en las listas de CiU y luego senador (2008 - 2013). Renunció a este escaño para ser nombrado Secretario General de la Presidencia de la Generalitat, un cargo de la máxima confianza de Artur Mas.

Por su parte, Carles Vilarubí es un próspero empresario, amigo personal de Jordi Pujol y de Artur Mas. Vilarrubi, que es directivo del F.C.Barcelona y vicepresidente del banco de inversión Rothschild España, también dirigió la Corporación Catalana de Radio y Televisión.

La compra del solar de la fábrica por parte de Vertix Procam estuvo plagada de irregularidades, según la auditoría interna que ha realizado Ernest & Young. Además de los sobreprecios de hasta un 45 por ciento por encima de las tasaciones, el informe remitido por el FROB a Anticorrupción sostiene que los terrenos fueron adquiridos sin la «necesaria autorización» del Consejo de Administración. La sociedad inmobiliaria acometía las inversiones y luego informaba al consejo.

El informe «forensic» de la auditora también destaca que era Vertix, la empresa de Felip Massot, quien decidía qué proyectos se acometían y luego Procam, el otro 50 por ciento de la compañía, se limitaba a hacer un informe para su matriz, la caja. Ésta se limitaba a poner dinero y dejarse llevar por Felip Massot.

Además, las empresas del amigo de Artur Mar cobraban comisiones a la sociedad que compartía con la caja por las gestiones de compra de suelo. El informe denuncia que las parcelas se adquieren «a una sociedad del grupo del socio industrial (o abonándole a éste una comisión)» y, además, por un precio que «no se corresponde con la tasación». El «forensic» también destaca que ni Procam ni Caixa Catalunya marcaron una serie de procedimientos legales sobre cómo debían hacerse las inversiones. El descontrol era tal que la Comisión Ejecutiva de la caja presidida por Narcís Serra ni siquiera recibía un informe jurídico que valorara la situación urbanística de los terrenos.

El nuevo gobierno lo cambió, pero «no consta» que la sociedad de la caja lo haya impugnado. Vertix Procam, que en julio de 2013 cambió su nombre por el de Landomus, acabó quebrando. En noviembre de ese año, Massot y Catalunya Caixa presentaron concurso de acreedores con unas deudas de más de 200 millones de euros.

La Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) calcula que 16 operaciones inmobiliarias realizadas entre 2005 y 2008, entre ellas las tres de Massot, han ocasionado un perjuicio económico de 900 millones de euros en CatalunyaCaixa.

Agujeros como los treinta millones de euros que dejó el constructor Felip Massot en CaixaCatalunya se han pagado con los impuestos de todos los españoles. El pasado julio, el FROB anunció la venta de Catalunya Banc al BBVA por 1.187 millones de euros. Esta operación supuso para los contribuyentes la pérdida de una cantidad inmensa: 11.839 millones de euros. CatalunyaCaixa -denominación comercial de Catalunya Banc-, recibió de las arcas públicas del Estado un total de 12.622 millones.

El FROB recuperó con la venta al BBVA sólo 783 millones, porque el Estado tenía el 66 por ciento de Catalunya Banc. Los balances de CatalunyaCaixa, que llegó a ser la cuarta caja más importante de España, estaban muy lastrados por una enorme cartera de hipotecas tóxicas. Desde el momento de su creación, el grupo fruto de la fusión de las cajas de Catalunya, Tarragona y Manresa empezó a recurrir a las ayudas públicas del Estado. Sin embargo, el tiempo demostró que lejos de retornar un solo euro a las arcas del Tesoro, el grupo era incapaz de cumplir con las exigencias de capital.