Ramón Álvarez de Miranda, Presidente del Tribunal de Cuentas

«Los partidos deben liderar la renovación moral y no hacerse trampas a sí mismos»

Funcionario del órgano fiscalizador del Estado desde 1984, es su presidente desde hace dos años. Desde esa atalaya, señala las carencias del sistema y apunta la necesidad de conseguir una mayor celeridad en la Justicia

«Los partidos deben liderar la renovación moral y no hacerse trampas a sí mismos» JAIME GARCÍA

JUAN FERNÁNDEZ-MIRANDA

26/10/2014
Actualizado 27/10/2014 a las 08:44h.

-¿Es España un país corrupto?

-España tiene un problema de corrupción muy similar a los que han tenido países de nuestro entorno en los últimos años. No es una situación nueva. Lo importante no es la existencia o no de corrupción -parece que un determinado grado siempre se produce-, sino cómo se combate: las posibilidades de que el sistema judicial encuentre soluciones punitivas y reparadoras. Lo que sí que es cierto es que en España los procesos judiciales son demasiado largos y las posibilidades de resolver esas situaciones se dilatan en el tiempo. Es la característica definidora básica de España en relación con países de nuestro entorno.

-¿Es el propio sistema el que propicia la corrupción?

-Son responsabilidades individuales, el sistema no lo propicia. Nosotros hemos tenido una situación de riesgo, el espectacular desarrollo urbanístico y de suelo en los últimos quince años, que es donde se han desarrollado la mayor parte de los casos. Ese boom tan importante multiplicó los casos.

-¿Entiende el malestar ciudadano?

-Lo entiendo perfectamente, mucho más cuando nos encontramos en una situación de crisis económica que está agudizando la situación de desprotección social de grandes capas de la población. En esas situaciones es mucho más doloroso y difícil de entender, y por lo tanto hay una demanda mayor de que sean perseguidos y castigados.

-En España, ¿el que la hace la paga?

-Yo creo que sí, pero tarda demasiado tiempo en pagarla. La principal medida para luchar contra la corrupción es que los procesos judiciales sean lo suficientemente rápidos.

-¿El sistema de financiación de los partidos es satisfactorio?

-Es un sistema mixto, compuesto por financiación pública que el Estado da a los partidos y por una financiación privada que los particulares hacen llegar a los partidos siempre que se cumplan determinados requisitos. Los partidos no pueden gastar lo que quieran, hay límites que no se pueden superar. Yo creo que no está mal diseñado, yo creo que el modelo es correcto. El problema es que efectivamente se tiene que cumplir, lo que no puede existir es que los partidos se hagan trampas a sí mismos y reciban más fondos de los que legalmente puedan recibir de acuerdo con el sistema.

-¿A qué trampas se refiere?

-A que los propios partidos en su labor legislativa se hayan puesto unos límites legales de ingresos y gastos y que luego los incumplan. Es necesario que se sea perfectamente corresponsable con la labor legislativa.

-¿Está haciendo usted un llamamiento a la honestidad de los partidos?

-Por supuesto, radicalmente. Yo creo que los partidos tienen la obligación de ejercer el liderazgo en la renovación moral del país porque sería un error señalar que se encuentra exclusivamente en el ámbito político. Invade otros ámbitos: el económico y el social. No señalemos a los políticos como los únicos corruptos. Pero los políticos, en la medida en que dirigen la acción pública, sí tienen una especial responsabilidad de estar a la cabeza de esta lucha.

-¿Dispone usted de todas las armas para fiscalizar a los partidos?

-Hemos avanzado muchísimo en esa labor de control y todavía estamos con cuestiones pendientes de resolver. La principal es que el Tribunal tenga medios de comprobación de terceros de que la actividad de los partidos políticos sea la que se dice que es: los datos de la administración tributaria, de la Seguridad Social, del Banco de España… de aquellas instituciones que también reciben información en este terreno, y que nos permita contrastar lo que dicen las cuentas de los partidos políticos. El mayor reto es conseguir un mayor grado de competencias en el ejercicio de su labor, y tan importante como ello una mayor capacidad de estructura, más medios personales.

-¿Le irrita la falta de consenso?

-Yo creo que es muy necesario que las cuestiones de alta política nacional estén al margen de la disputa política a corto plazo. Los partidos políticos tienen que hacer un esfuerzo en aquellas cuestiones que afectan al funcionamiento del Estado.

-¿Ustedes fiscalizan los ingresos, pero no los gastos de los partidos?

-No se puede hacer una cosa sin hacer la otra. Para que la fiscalización del Tribunal tenga resultados verdaderamente importantes tienen que fiscalizarse tanto los ingresos como los gastos, porque solo conseguiremos averiguar si hay ingresos no declarados en la medida en que verifiquemos la existencia de gastos que no se encuentran en la contabilidad del partido. Tenemos los medios personales y de capacidad para fiscalizar las cuentas, pero para hacer verdaderamente bien nuestro trabajo tendríamos que ser capaces de controlar su actividad.

-¿Cuáles son sus armas para hacer cumplir la ley?

-Ahora sí tenemos capacidad de sancionar. Ahora la propia ley establece unos supuestos en los que el Tribunal de Cuentas tiene que abrir un expediente sancionador que puede concluir en multas que, en algunos supuestos, llegan hasta el doble de la financiación irregularmente recibida.

-¿Los partidos controlan perfectamente sus cuentas?

-Controlan perfectamente su organización central, y la territorial a un determinado nivel. Pero un partido tiene multitud de agrupaciones locales en las que la capacidad de la organización para someterlas a una disciplina de carácter económico resulta complicada.

-¿Debería el Tribunal fiscalizar a los sindicatos y a la patronal?

-Todos los preceptores de subvenciones públicas deberían ser fiscalizados. El Tribunal también fiscaliza subvenciones que perciben los sindicatos, pero como si fueran unos preceptores más de subvenciones. Hay voces en estos momentos que dicen que los sindicatos, por el volumen de financiación pública que reciben, deberían estar sometidos a un régimen público de control en el ámbito del Tribunal de Cuentas. Pero es una realidad económica de tal magnitud y de tal potencia, que requeriría un cambio radical de medios para poder hacerle frente. No voy a ser yo el que empuje al Tribunal a que aborde tareas que ahora no podría cumplir razonablemente.