El juez Ruz revela que el PP pagó otros 750.000 euros de las obras de su sede en negro

El magistrado señala, a partir de un informe de la Agencia Tributaria , que las obras de reforma de la planta baja, que se llevaron a cabo en 2006 por lo que el delito fiscal podría haber prescrito, presentan un descuadre de 750.095,04 euros que el PP abonó al estudio de arquitectura Unifica "con fondos ajenos al circuito económico legal".

Según el auto, sólo una parte de estos fondos (184.000 euros) "habrían tenido reflejo" en la contabilidad B que gestionanaban los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, mientras que el resto (566.095,04 euros) no aparece en sus manuscritos. Además de los asientos consignados por Bárcenas, "otra parte", según el magistrado, "habría sido abonada como anticipo o pago a cuenta sin facturar", tras lo cual se pudo aplicar "un descuento".

En junio pasado el juez constató la existencia de otros cuatro descuadres entre la documentación hallada en la sede de Unifica y en la del PP, que se habrían producido en reformas llevadas a cabo a partir de 2008, por lo que el delito fiscal no habría prescrito: 211.160,77 euros en las facturas correspondientes a las obras de la planta segunda, 274.880,35 en las de la quinta, 256.426,33 en las de la tercera y 217.879,75 en las del cuarto piso.

Ruz destacaba entonces la "correlación" de estas cantidades con tres apuntes que el extesorero del PP anotó en su contabilidad B entre marzo y diciembre de 2008 como salidas para 'Gonz. Urquijo', 'Gonzalo (Arquitecto)' y 'G.U.'.

Se trata, en concreto, de 258.000 euros apuntados el 13 de marzo (supuestamente correspondientes a las obras de la planta quinta), 235.000 el 31 de julio (de la planta tercera) y otros 200.000 en diciembre (de la cuarta).

En este nuevo auto, que forma parte de la pieza separada del ' caso Gürte l' en la que se investiga la contabilidad B del PP, el magistrado apunta que la documentación incautada en la sede de Unifica presupuestaba las obras de la planta baja en 1.066.752,58 euros (IVA no incluido), mientras que la que se halló en Génova tras el requerimiento judicial de la sede reflejaba dos importes: uno por 586.709,38 euros (IVA no incluido) y otra que ascendía a 1.091.644,58 euros (1.066.752,58 de la obra y 24.892 más por el concepto "honorarios").

El cotejo de la documentación requerida al PP y a la empresa que reformó su sede también constata "irregularidades" por parte de Unifica en la emisión de las facturas por las certificaciones finales de las obras de reforma en las plantas baja, segunda, tercera, cuarta, quinta y séptima. "La existencia de dos certificaciones finales para algunas obras de reforma, cuya diferencia no figura consignada en la factura, implicaría que no se repercutió sobre las mismas el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) ", señala el juez recogiendo el informe de la Agencia Tributaria antes de apuntar que "las cantidades supuestamente percibidas fuera del circuito de facturación no se integraron en el resutlado contable de los ejercicios considerados y, por tanto, no quedaron sujetas a tributación por el Impuesto sobre Sociedades ".

El informe de Hacienda que se incorpora a la causa también pone de relieve la "irregularidad" en la emisión de las facturas correspondientes a la reforma de las plantas segunda y séptima, en las que se han hallado "omisiones en la tributación por parte de Unifica".

Ruz, que apunta en su auto que el delito fiscal sería atribuible al estudio de arquitectura, señala que el hecho de que la facturación se extienda a lo largo de varios periodos impositivos (unos que habrían prescrito y otros que no) hace que "en el momento actual" no resulte posible "cuantificar con carácter definitivo las cuotas tributarias en el Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)".

Por eso, encarga un informe definitivo a la Agencia Tributaria en el que se determinen las "cuotas presuntamente defraudadas" por Unifica en relación con la liquidación por el Impuesto sobre Sociedades e IVA correspondientes a los ejercicios fiscales afectados por las obras de reforma.

Los hechos investigados, según recuerda el magistrado, podrían ser constitutivos de uno o varios delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y falsedad contable, sin perjuicio de una posterior calificación y a la espera de los informes definitivos de la Agencia Tributaria.