El comisario de «Gürtel» y «Malaya», candidato a «zar» contra el terrorismo y el crimen organizado

Las fuentes consutadas por ABC insistieron, no obstante, en que este policía es el principal candidato al puesto pero advirtieron de que aún queda por convocar la plaza y aprobar el nombramiento, lo que sucederá en los próximos días.

El comisario Olivera es un profesional de larga trayectoria, especialista en delincuencia económica y crimen organizado. Ha ocupado puestos delicados no solo con gobiernos del PP, sino también del PSOE. Fue responsable de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante en 1996, luego pasó a dirigir la Unidad central de Drogas y Crimen Organizado y en 1999 fue nombrado segundo de la Comisaria Provincial de Alicante. Posteriormente fue nombrado primer jefe de la Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial, creada por el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En este cargo tuvo que afrontar investigaciones muy sensibles de corrupción como el caso Gürtel, que afectaba al Partido Popular, Brugal, en el que asimismo estaban implicados cargos de esa formación de Alicante y Malaya, que desembocó con la disolución, por primera vez en la España democrática, de un ayuntamiento, en este caso el de Marbella. Además, también ha dirigido investigaciones relacionadas con la corrupción en Cataluña -el caso Palau entre ellas-, y ha participado en otras contra el crimen organizado como la Avispa contra la mafia rusa, entre otras. Su trabajo le ha valido, entre otras condecoraciones, cuatro medallas rojas al mérito policial.

En la etapa del PSOE en el Gobierno, la UDEF era señalada por la oposición del PP como un instrumento al servicio de los socialistas y fue objeto de todo tipo de ataques. Con la llegada de los populares al Ejecutivo muchos pensaron que la trayectoria del comisario Olivera se iba a resentir; no fue así y, de hecho, tras abandonar la UDEF fue nombrado jefe del CICO , puesto desde el que se ha ganado la máxima confianza del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que ahora le impulsa como «zar» contra el terrorismo y el crimen organizado.

Hombre discreto y al que gusta estar apartado de los focos, su nombre saltó a los medios de nuevo a finales de 2012 cuando trascendió que junto con el comisario jefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas Aranda, había acudido a la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona para convencer a los encargados del caso Palau de que solicitaran el registro de la sede de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) para ahondar en las pesquisas sobre la supuesta financiación irregular de la formación de Artur Mas. Eso ocurría, además, poco antes de las últimas elecciones catalanas y los fiscales se negaron en redondo a ello porque no veían datos suficientes para tomar una decisión así.

Poco después salían a la palestra los supuestos informes de la UDEF con datos incriminatorios contra Pujol y Mas, que no fueron confeccionados por la unidad antes dirigida por Olivera aunque llevaban su membrete.