La juez del caso ITV cree que Oriol Pujol cobró 700.000 euros en comisiones

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La justicia comienza a poner cifras al supuesto enriquecimiento ilícito del exdiputado de CDC Oriol Pujol —hijo del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol—, durante su ya extinta carrera política. Un lucro obtenido por mediar —cuando no participar— en proyectos empresariales.

La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia Pérez Mejía, centra su investigación en la explotación de estaciones técnicas de vehículos (ITV); en la presentación de enmiendas a una ley para favorecer a empresarios del sector a cambio de dinero (30.000 euros); y en el cobro por parte de su esposa, Anna Vidal, de falsos trabajos de asesoría en proyectos industriales.

La juez sospecha que Oriol Pujol cobró, a través de su mujer, cerca de 700.000 euros en comisiones entre los años 2005 y 2012 por utilizar su influencia política para beneficiar proyectos de un empresario amigo, Sergi Alsina, imputado en esta causa. Así lo sostiene en un auto en el que acuerda acumular en la misma causa la trama de las ITV y la investigación por los pagos recibidos por Anna Vidal por su asesoramiento en varias operaciones. La juez une ambas investigaciones al entender que arrojan indicios de un mismo delito de cohecho que el exdiputado de CDC —ya imputado por tráfico de influencias y cohecho por las ITV— habría cometido al cobrar comisiones a través de su esposa por «servicios prestados en atención a sus influencias políticas».

La magistrada, que se basa en informes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, cree que la esposa de Pujol enmascaró el pago de comisiones mediante las facturas que giró a las empresas de Sergi Alsina, por «servicios no prestados realmente». Por trabajos hechos de recortes de prensa e informes sacados de internet, por ejemplo.

Entre 2005 y 2012, Anna Vidal facturó 699.752 euros a la empresa Alta Partnerts de Sergi Alsina por sus servicios de asesoramiento en seis proyectos empresariales. Oriol Pujol intervino en estas operaciones, según revelan varios correos electrónicos. El auto —previo a una futura imputación de Pujol y su esposa por estos cargos— detalla los proyectos por los que Vidal facturó a Alsina. Son: la operación de reconversión industrial de Sharp, la deslocalización de Yamaha, la venta de Sony a Ficosa, dos planes de ubicaciones industriales en el sector de la automoción, la implantación de una planta de biogás en el Montsià y el análisis del sector del «fitness».

Asimismo, la magistrada pide investigar las sociedades compartidas por Pujol y Vidal y las relaciones inmobiliarias entre ésta y Sergi Alsina, al entender que pueden constituir un delito fiscal.