La Audiencia investigará a Oleguer Pujol por comprar un hotel con dinero de un paraíso fiscal

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investigará al hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña Oleguer Pujol por la compra de un hotel en Canarias por valor de 8 millones de euros que se habría abonado con fondos procedentes del paraíso fiscal de las Islas Vírgenes.

El magistrado ha admitido parcialmente la querella presentada por Podemos y Guanyem Barcelona aunque, tal y como le pedía la Fiscalía Anticorrupción, ha limitado su investigación a las actividades de Oleguer Pujol , su participación en la sociedad mercantil Drago Mediterranean Holding Cooperatief y otras con vínculos en Luxemburgo y Holanda.

Pedraz justifica la competencia de la Audiencia Nacional para asumir este procedimiento al considerar que Oleguer Pujol podría haber incurrido indiciariamente en un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública cometidos en el extranjero que habrían supuesto «una defraudación con grave repercusión en el tráfico mercantil y en la economía nacional».

El titular del Juzgado Central de Instrucción 1 argumenta que Oleguer Pujol obtuvo para comprar el hotel «una importante cantidad de dinero cuyo origen es desconocido» procedente de las Islas Vírgenes -territorio considerado paraíso fiscal por la OCDE, constata-.

El magistrado excluye de su investigación las actividades del primógenito del expresidente, Jordi Pujol Ferrusola, y su exesposa Mercè Gironès, que el juez Pablo Ruz mantiene imputados por comisiones de 7,5 millones de euros que presuntamente recibieron por mediar en la adjudicación de contratos públicos en Cataluña: se les atribuye indiciariamente un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública.

Tampoco admite a trámite la querella de Podemos sobre la confesión del expresidente del 25 de julio, cuando reconoció que su familia había regularizado los fondos provenientes de una herencia que su padre , Florenci Pujol, le había legado en septiembre de 1980: Pedraz argumenta que estos hechos son investigados por la responsable del Juzgado 31 de Barcelona, Zita Hernández.

El magistrado tampoco investigará las actividades de Josep Pujol Ferrusola, a quien los querellantes acusan de vender la sociedad Europraxis Consulting Holding en 2001 a la empresa Indra, que obtuvo «numerosas adjudicaciones de la Generalitat» que fueron «objeto de atención» de la Sindicatura de Cuentas.

También excluye del procedimiento las actividades de Pere Pujol Ferrusola y los empresarios Carlos Sumarroca Coixet y Carlos Sumarroca Claverol, que, según Podemos, obtuvieron licencias de la Generalitat para instalar parques eólicos en Catalunya tras la obtención de los correspondientes informes medioambientales.