La Audiencia investigará a Oleguer Pujol por comprar un hotel con dinero de un paraíso fiscal

El magistrado ha admitido parcialmente la querella presentada por Podemos y Guanyem Barcelona aunque, tal y como le pedía la Fiscalía Anticorrupción, ha limitado su investigación a las actividades de Oleguer Pujol , su participación en la sociedad mercantil Drago Mediterranean Holding Cooperatief y otras con vínculos en Luxemburgo y Holanda.

Pedraz justifica la competencia de la Audiencia Nacional para asumir este procedimiento al considerar que Oleguer Pujol podría haber incurrido indiciariamente en un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública cometidos en el extranjero que habrían supuesto «una defraudación con grave repercusión en el tráfico mercantil y en la economía nacional».

El titular del Juzgado Central de Instrucción 1 argumenta que Oleguer Pujol obtuvo para comprar el hotel «una importante cantidad de dinero cuyo origen es desconocido» procedente de las Islas Vírgenes -territorio considerado paraíso fiscal por la OCDE, constata-.

El magistrado excluye de su investigación las actividades del primógenito del expresidente, Jordi Pujol Ferrusola, y su exesposa Mercè Gironès, que el juez Pablo Ruz mantiene imputados por comisiones de 7,5 millones de euros que presuntamente recibieron por mediar en la adjudicación de contratos públicos en Cataluña: se les atribuye indiciariamente un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública.

Tampoco admite a trámite la querella de Podemos sobre la confesión del expresidente del 25 de julio, cuando reconoció que su familia había regularizado los fondos provenientes de una herencia que su padre , Florenci Pujol, le había legado en septiembre de 1980: Pedraz argumenta que estos hechos son investigados por la responsable del Juzgado 31 de Barcelona, Zita Hernández.

El magistrado tampoco investigará las actividades de Josep Pujol Ferrusola, a quien los querellantes acusan de vender la sociedad Europraxis Consulting Holding en 2001 a la empresa Indra, que obtuvo «numerosas adjudicaciones de la Generalitat» que fueron «objeto de atención» de la Sindicatura de Cuentas.

También excluye del procedimiento las actividades de Pere Pujol Ferrusola y los empresarios Carlos Sumarroca Coixet y Carlos Sumarroca Claverol, que, según Podemos, obtuvieron licencias de la Generalitat para instalar parques eólicos en Catalunya tras la obtención de los correspondientes informes medioambientales.