El TS confirma que el etarra «Santi Potros» seguirá en prisión hasta 2025

La Sala de lo Penal ha declarado que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por el exjefe del aparato militar de la banda terrorista contra el auto dictado el pasado enero por la Audiencia Nacional, que desestimaba su recurso de súplica y recordaba que la liquidación de su condena se fijaba para el año 2025, cuando alcanzaba el tiempo máximo de cumplimiento .

El antiguo responsable de comandos de ETA , a quien la Audiencia Nacional aplicó la ' doctrina Parot ', solicitaba que fuera abonada en su liquidación de condena el periodo de prisión preventiva que permaneció en las cárceles francesas desde el 4 de julio de 1990 hasta el 3 de octubre de 1995.

En ese tiempo, simultaneó el cumplimiento de una condena impuesta por las autoridades galas con la prisión preventiva a raíz de la petición de extradición de España.

Tras aludir a la incompatibilidad de recurrir en súplica y en casación, los magistrados del Supremo aseveran que la situación del preso se regía por la normativa francesa y añade que el abono de la prisión preventiva padecida cuando se estaba cumpliendo otra pena «se hará bien para reducir el cumplimiento de la condena que recayó en esa causa, pero no para descontarlo del máximo de cumplimiento fijado».

«Las penas solo quedarán extinguidas cuando se llegue al máximo temporal de cumplimiento . Pero para contar ese máximo no se tiene en cuenta más que el tiempo efectivo de estancia en prisión y no la ficción del doble cómputo», señala la sentencia, para concluir que cualquier otra interpretación llegaría al «absurdo» de que los presos con delitos más graves permanecieran menos tiempo en prisión.

Las condenas más graves que pesan contra Santiago Arrospide se produjeron por haber ordenado atentados como el de Hipercor, donde murieron 21 personas, o el cometido por el comando Madrid que lideraba Iñaki de Juana Chaos en la Plaza de República Dominicana de la capital y en el que murieron 12 personas.

'Santi Potros', detenido en 1987 en Francia, se benefició de la política de acercamientos a cárceles del País Vasco emprendida por el Ministerio del Interior a finales de 2008. Fue trasladado a la cárcel de Zuera, en Zaragoza, en 2009 tras mostrar su desacuerdo con la banda y posicionarse a favor del final de la lucha armada cuando estaba recluido en Puerto I, en Cádiz.