El Gobierno catalán irrita a ERC al plantear la prórroga de la consulta

Comienza la recta final hacia una consulta secesionista que, según la número dos del Gobierno catalán, Joana Ortega, podría aplazarse si el Tribunal Constitucional (TC) la declara ilegal. Las declaraciones de la vicepresidenta autonómica, que se unen a las manifestadas en el mismo sentido por el consejero de Territorio, Santi Vila (CDC) y por el expresidente del Parlamento catalán, Joan Rigol (UDC) -presidente del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir-, han indignado a ERC. El portavoz de esta formación en el Congreso, Alfred Bosch, replicó a Ortega que «la voluntad del pueblo catalán pesa mucho más que un tribunal. No es un tema legal sino político, de futuro colectivo. Pesa mucho más que lo que diga cualquier magistrado, que lo respetaremos, pero pesa mucho más la voluntad mayoritaria del pueblo catalán».

Bosch dijo que, hasta el momento, tanto el Gobierno autonómico como su presidente de la Generalitat, Artur Mas, cumplieron con lo pactado, pero alertó de que un cambio de rumbo en la hoja de ruta soberanista fijada «puede acabar divorciándonos de lo que quiere el pueblo catalán, y creo que el Gobierno catalán tampoco quiere esto».

Pese al enfado de los republicanos, se da la circunstancia de que la prórroga apuntada por Joana Ortega está contemplada en el pacto de legislatura firmado el 19 de diciembre de 2012 por Mas y el presidente de ERC, Oriol Junqueras. Este documento, que establece la hoja de ruta secesionista del Ejecutivo catalán, indica textualmente que la consulta se celebrará en 2014 «con la excepción que el contexto socioeconómico y político requiriesen una prórroga. En todo caso, la fecha será pactada como mínimo por las dos partes firmantes».

Este párrafo, suficientemente ambiguo para que pueda invocarse si fracasa el referendo, fue introducido por Unió, formación liderada por Josep Antoni Duran Lleida a la que pertenece Ortega y que siempre ha rechazado la ruptura con España.

Y si el proceso secesionista parece deshincharse, la afiliación a UGT en Cataluña también, precisamente por la defensa de este sindicato al derecho a decidir. Así lo admitió ayer su secretario general, Josep Maria Álvarez. «Soy plenamente consciente de que hay gente que lleva este tema con pesadumbre y dificultades», dijo.