Convergència, un partido noqueado

Mientras la vieja guardia nacionalista permanece en estado de «shock», los nuevos dirigentes convergentes se desmarcan de un personaje que consideran, literalmente, de otra época. Este es el caso del consejero de Territorio de la Generalitat, Santi Vila, quien pidió «tolerancia cero» ante casos de corrupción similares a los protagonizados por Jordi Pujol , aunque a continuación rechazó que el expresidente catalán sea objeto de escarnio en el Parlamento autonómico, donde «cada uno dice lo primero que se le pasa por la cabeza en función del pie con el que se ha levantado».

Vila subrayó que él no pertenece a la generación de Pujol, aunque le considera el padre del catalanismo . Sí forma parte de aquel pasado Joan Rigol, expresidente del Parlamento catalán y presidente del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, quien ha admitido que la confesión hace daño al partido y al proceso. Los nacionalistas temen una desmovilización en la Diada del 11 de septiembre, a la que solo se han apuntado hasta ahora 70.000 personas para formar una gran «V» de victoria independentista. «Hay cosas en el pasado que se hicieron mal», declaró Artur Mas horas después de que trascendiera la carta de Pujol en la que confesaba su evasión fiscal. Pero lo cierto es que poco o nada ha hecho el líder de CiU por atajar determinadas conductas en su partido, así como prevenirlas a nivel institucional. Tampoco se han depurado responsabilidades.

Cuando se destapó la supuesta financiación irregular de Convergència a través del Palau de la Música, el gerente de esta formación, Daniel Osácar, dimitió, pero ahí se quedó la cosa. Los responsables del partido en los años del expolio, como Felip Puig o el propio Artur Mas, se inhibieron del caso. A nivel gubernamental, una de las grandes promesas del presidente catalán era adoptar medidas en materia de transparencia. Han pasado tres años desde que gobierna Mas y la ley de transparencia aún sigue en fase parlamentaria. Asimismo, el portal de la transparencia, donde se accede a información relativa a las cuentas, salarios y contratos de la Generalitat, no incluye información sobre todas las empresas que tienen contratos con la administración autonómica o sobre los grupos de presión («lobbies»).

Mas se jactó de haber pasado, en solo un año, del puesto diez al número uno del ranking de transparencia de las comunidades autónomas. La oposición política echa en falta medidas más contundentes.