Más de 600 detenidos por la mayor red de falsificación de títulos

Según pudo saber ABC, los resultados de esta operación ponen de relieve una corrupción de bajo perfil enraizada en la sociedad. La mayoría de los detenidos e imputados son personas que pagaron por adquirir falsificaciones de licenciaturas, diplomaturas, Bachiller o FP con las que se presentaron a oposiciones de empleo público y procesos selectivos en la empresa privada. Aunque también está el caso de un capitán del Instituto Armado que lo quería para «presumir».

Entre los clientes hay muchos policías locales, guardias civiles, policías nacionales, bomberos, trabajadores sanitarios, abogados, economistas, militares, funcionarios de la Junta, vigilantes, directores de seguridad e incluso un entrenador de fútbol de un equipo ahora en Segunda división.

Las administraciones y Cuerpos de Seguridad han iniciado más de 200 expedientes de expulsión. Esta cifra es muy inferior al número de los casos realmente detectados, pero finalmente se ha decidido proponer el despido de aquellos en los que la titulación era un requisito imprescindible para obtener la plaza y en los que la misma computó de forma determinante en la puntuación del opositor.

También hay que tener en cuenta que muchos de los que adquirieron los diplomas iban a trabajar en el sector privado. Por ejemplo, unas 150 personas encausadas están relacionadas con la seguridad privada, siendo el ámbito profesional donde más fraude se ha detectado. Unas 25 son policías locales de la provincia malagueña.

La investigación comenzó en febrero de 2008 en Málaga después de que los agentes detectasen un aumento notable de falsificación de títulos oficiales, por lo que se puso en marcha la denominada operación Eladio.Las pesquisas llevaron a los agentes hasta la fuente de origen: un falsificador que entonces rondaba los 60 años y que supuestamente había tejido un entramado delictivo en torno a una academia de formación. El «cabecilla» de la red, identificado como Manuel C. F. y que ahora tiene 66 años, contaba con una serie de cómplices que se dedicaban a captar a clientes -opositores «desesperados» por acceder a las ofertas de empleo público- y que supuestamente percibían un porcentaje por cada uno de ellos.

Este individuo cobraba una media de unos 1.200 euros por título -dependía de la dificultad y el grado de importancia-, y era tal su pericia que personas de toda España acudían a Málaga para requerir sus servicios. Por ejemplo, en Santander fue arrestado a finales del pasado año un hombre que adquirió los diplomas de Bachiller en Humanidades y Ciencias Sociales, de Detective Privado y de Experto Universitario en Criminología. El arrestado declaró que había pagado unos 600 euros por cada uno. La clientela se reparte por Zaragoza, León, Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Segovia, Melilla, Granada y Ciudad Real, y las ganancias obtenidas por el falsificador se estiman en 1.200.000 euros.