Matas descarta alegar motivos médicos para intentar retrasar su ingreso en prisión
La Audiencia de Madrid comunicará al expresidente balear que dispondrá de un plazo máximo de cinco días para iniciar el cumplimiento de su condena de nueve meses de cárcel
El expresidente balear Jaume Matas no alegará motivos médicos para intentar retrasar su ingreso en la cárcel, según ha explicado este lunes su abogada, Pilar Gómez Pavón. En estos últimos días se había especulado acerca de esa posibilidad, debido a que Matas tiene que someterse a revisiones médicas cada semana tras una reciente operación en un oído. En principio, todo apunta a que el ingreso en prisión se produciría en un centro penitenciario de Madrid , ya que desde hace años la familia del también exministro de Medio Ambiente tiene fijada su residencia en la capital de España.
Por su parte, la Audiencia Provincial de Palma ha remitido este lunes por correo ordinario un exhorto a la Audiencia Provincial de Madrid para que requiera al expolítico mallorquín el ingreso en prisión en un plazo máximo de cinco días . El tiempo fijado empezará a contar en el momento en el que Matas sea notificado personalmente del requerimiento, bien porque sea citado en la Audiencia de Madrid o bien porque la orden le sea entregada en su domicilio para que la firme.
Cabe recordar que el pasado viernes el Tribunal Supremo había notificado a la Audiencia de Palma, por fax, la comunicación del Consejo de Ministros del 11 de julio en la que se denegaba el indulto a Matas . Si la comunicación oficial de que el Gobierno no había concedido dicha medida de gracia a Matas se hubiera demorado dos semanas más, el ingreso del antiguo dirigente del PP en la cárcel se habría pospuesto como mínimo hasta el mes de septiembre, al ser agosto un mes inhábil.
El expresidente balear había pedido el indulto por su primera condena judicial en firme, de nueve meses y un día de cárcel por tráfico de influencias, en el marco de la pieza separada número dos del «caso Palma Arena». En dicha pieza se investigaban presuntas irregularidades en la contratación del periodista Antonio Alemany para la redacción de los discursos de Matas, así como las subvenciones que le fueron concedidas a una publicación que gestionaba el mismo periodista. Precisamente, el Gobierno también denegó hace diez días el indulto a Alemany, que había sido condenado en firme a dos años, tres meses y un día de cárcel por prevaricación, malversación y falsedad.
En julio del pasado año, el Tribunal Supremo había decidido rebajar parcialmente la condena inicial de seis años de cárcel que le había impuesto la Audiencia de Palma a Matas en marzo de 2012 por dicha pieza del «caso Palma Arena». El Alto Tribunal decidió absolverle de los delitos de fraude, falsedad y prevaricación, por lo que sólo mantuvo la condena por el delito de tráfico de influencias, que suponía una pena de nueve meses y un día de prisión, más una multa de 6.000 euros.
Con esa significativa reducción en la pena impuesta, el expresidente autonómico podría haber evitado en principio su ingreso en prisión, ya que la nueva condena estaba por debajo de los dos años que fija la ley para que una persona deba entrar obligatoriamente en la cárcel.
En este contexto, la defensa del antiguo dirigente del PP balear propuso entonces a la Audiencia de Palma la sustitución de la pena de cárcel por el abono de 20 euros diarios de multa durante un total de 542 días. Sin embargo, la Sala dictó el pasado mes de octubre un auto en el que rechazó esta posibilidad, al considerar que «el daño social causado y el quebranto de la integridad y dignidad de las instituciones públicas, no se satisface con el pago de una multa de 10.840 euros».
La Audiencia Provincial se ratificó en su postura en diciembre, momento en el que la defensa de Matas optó por presentar una petición de indulto al Gobierno y luego un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que aún no ha sido resuelto.
Gómez Pavón ha recordado este lunes que también está todavía pendiente de resolución una segunda petición de indulto hecha por Matas al Gobierno, de carácter parcial, en la que se pedía la sustitución de la pena de cárcel por una multa o por la realización de trabajos comunitarios.
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