El PSOE afirma que la Ley de Seguridad Ciudadana es un «retroceso de muchos años»

Para López esta ley es «algo clásico en la derecha» y en su opinión consiste en «recortar libertades publicas». También ha afirmado que esta ley provoca que «muchas competencias que hoy afortunadamente son de la justicia pasen a ser del Gobierno».

En esa misma línea se ha movido el portavoz de Izquierda Plural, José Luis Centella, que ha asegurado esta ley aumenta el «carácter autoritario» del Gobierno, «criminaliza la protesta» y «sitúa fuera de la ley al disidente». «Si un Gobierno quiere que la gente viva peor» necesita una «ley autoritaria», ha dicho el diputado de IU.

El portavoz de Interior del PNV en el Congreso de los Diputados, Emilio Olabarria, que no permitirán «la vulneración de los derechos fundamentales y libertades públicas» y ha pedido que «se respeten las competencias autonómicas en materia policial».

A la espera de conocer el contenido definitivo del Proyecto de Ley aprobado en Consejo de Ministros, Olabarria ha señalado que el texto conocido hasta el momento «relativizaba peligrosamente aspectos fundamentales del sistema de derechos y libertades públicas del Estado español, incluso más allá de los límites constitucionalmente previstos» y, por ello, ha advertido que el Grupo Vasco estará «vigilante para garantizar el pleno respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos».

Amaiur ha calificado el proyecto como «un paso más en la escalada contra los derechos y libertades democráticas que desde el Gobierno español se viene dando» y ha denunciado que el PP «pretende legalizar el estado de excepción que impuso hace tres años». El portavoz de ICV en el Congreso, Joan Coscubiela, también ha declarado que esta ley es la herramienta del PP «para imponer sus políticas antisociales».

Las asociaciones profesionales también han querido opinar sobre esta nueva legislación. Jueces para la Democracia (JpD) ha afirmado que el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana supone «un inquietante ataque» al sistema español de derechos fundamentales y acusa al Gobierno de crear «un instrumento para acallar las críticas sociales». En un comunicado, JpD señala que esta ley «innecesaria» no está justificada por la realidad social, ya que «la inmensa mayoría de las manifestaciones que se celebran en nuestro país se desarrollan sin incidentes».

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) criticó este viernes que el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana no garantiza «los derechos fundamentales de los ciudadanos en el ejercicio de su libertad». El portavoz de la UPF, Álvaro García valoraba así el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana aprobado este viernes por el Consejo de Ministros. García afirmó que «preocupa» que el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales dependa de una ley administrativa y que, por lo tanto, derechos como el de manifestación o reunión estén sujetos a sanciones administrativas y «no exista un control judicial directo de estos actos».