Asunta, un «plan acordado»

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Se pusieron de acuerdo, en ejecución del plan acordado, puestos de común acuerdo... La fórmula de que el crimen de Asunta Basterra respondió a una acción premeditada y concertada de sus padres Rosario Porto y Alfonso Basterra se repite una y otra vez como un mantra en el escrito de acusación del fiscal. Pide para ellos 18 años de cárcel al entender que concurre la agravante de parentesco y que actuaron con alevosía: «Asunta no pudo defenderse de modo efectivo porque estaba bajo el efecto del medicamento que con ese fin le habían suministrado», señala Jorge Fernández de Aránguiz tras exponer cómo la mataron la tarde del 21 de septiembre.

«En un momento comprendido entre que fue llevada a Montouto y las 20.00 la asfixiaron por medio de la compresión que le aplicaron sobre la boca y la nariz. Durante el proceso de sofocación sufrió náuseas o vómitos».

Para la Fiscalía, igual que para la acusación popular ejercida por la Asociación Clara Campoamor que eleva su petición de condena hasta los veinte años, padre y madre tenían la intención de acabar con la vida de la niña de 12 años, por eso le suministaron una dosis tóxica de Lorazepam (orfidal), un medicamento que tenía prescrito Rosario Porto, pero por supuesto no su hija.

El escrito de acusación señala a ambos indistintamente, pero en ese supuesto plan acordado detalla que fue la madre quien poco después de las seis de la tarde del 21 de septiembre, «se llevó a Asunta a la finca de recreo de la familia», situada en Teo en su Mercedes y también ella desconectó la alarma de la casa situada en dicha finca a las 18.33.

Ni la Fiscalía ni la acusación explican cómo se trasladó el padre a la finca (no fue grabado por ninguna cámara y su teléfono estuvo apagado casi cuatro horas) ni a la pista forestal de Teo, a unos cuatro kilómetros de la casa, donde fue hallado el cadáver de la pequeña en torno a la 1.15 de la madrugada. De hecho, en toda la instrucción del caso ninguno de estos dos momentos están acreditados, al contrario de lo que ocurre en el caso de Porto, que fue grabada por numerosas cámaras de la ciudad y vista por sus vecinos cuando salía de la finca (sola aparentemente) en su Mercedes, alrededor de las nueve de la noche.

A Alfonso esa tarde únicamente le vio una menor, una antigua compañera de Asunta, caminando muy cerca de su casa con su hija. La testigo asegura, sin duda, que eran ellos, pero es el único testimonio.

El fiscal sí desgrana con fechas concretas los episodios previos de sedación de la niña desde julio (entre el 4 y el 5, simulando que un desconocido entró en la casa para matarla; el día 9 y durante el fin de semana del 20 y el 21 de ese mismo mes). En todos ellos participaron ambos, a tenor de la acusación, si bien en la mayoría estuvo con el padre la noche anterior.

La misma semana de su muerte, la pequeña fue drogada de nuevo, de una forma «tan intensa» que no estaba en condiciones de ir ni al instituto ni a las clases de ballet.

A expensas de las defensas

Fernández de Aránguiz basa parte de su acusación, además, en el intento de los padres de desviar la atención de los hechos primero y de ocultar pruebas después. «Se presentaron en la comisaría de Policía, señala, para denunciar la desaparición de su hija, con la intención de dar a entender que se había tratado de un secuestro». Para el fiscal la madre no tiene alteradas sus capacidades y sobre el padre no se pronuncia porque rechazó someterse al examen psiquiátrico.

Esta semana, las defensas de ambos presentaran sus escritos en los que todo apunta a que pedirán la absolución de sus clientes, tal y como han sostenido en los últimos nueve meses. De hecho, la Audiencia de Santiago aún tiene que pronunciarse sobre la última petición de libertad para Rosario solicitada por su abogado. Hasta ahora las ha denegado todas.