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En España hay 10.000 aforados, en Francia 21, y en Alemania ninguno

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Mientras que en países como Alemania, Reino Unido o EE.UU. los políticos y cargos públicos son juzgados por los mismos tribunales que al resto de ciudadanos de a pie, en España 10.000 personas gozan de un rango especial. Del total de aforados, 2.300 son políticos, y la mitad de ellos diputados autonómicos. No en vano, existen distintos grados de aforamiento, siendo los políticos los que cuentan con mayor protección: nunca podrán pasar por un tribunal ordinario mientras estén en el cargo.

Una situación muy alejada del panorama de Portugal e Italia donde sólo tiene esta protección judicial el presidente de la República. O de Francia, donde gozan de ésta el presidente, el primer ministro y su Gobierno. Pero especialmente representativo es el caso alemán, con cero personas aforadas, y capaz de sentar al expresidente Christian Wulff en el banquillo de un tribunal de Hannover por cohecho en 2012. Y finalmente fue la sentencia de ese tribunal ordinario la que forzó la dimisión del entonces presidente de Alemania.

La condición de aforado persigue dos objetivos: por un lado, que la labor de los altos cargos no sea lastrada por maniobras políticas; y por otro, que los tribunales ordinarios no sufran presiones al juzgar a poderosos. Se trata de una serie de privilegios procesales-penales que en otras legislaciones están contemplados dentro de la inmunidad parlamentaria, pero sin ser trasladable a otros grupos como jueces y funcionarios públicos. Salvo en los países anglosajones, la inmunidad parlamentaria es una figura relativamente universal.

La legislación de EE.UU. lleva al límite la idea británica de igualdad legal Por ejemplo, en Francia existe la inmunidad parlamentaria para diputados, senadores y eurodiputados (999 personas), pero, una vez que la revoca la mesa de sus cámaras, son juzgados en tribunales ordinarios. Los únicos que pueden ser considerados aforados, tal y como se entiende en España, son los 21 miembros del Gobierno francés y el presidente de la República, quienes son juzgados por un tribunal especial. Al contrario, en nuestro país, todos los diputados y senadores cuentan con estos privilegios y sólo pueden ser detenidos en caso de flagrante delito y bajo orden del Tribunal Supremo. Además, para poder ser inculpados o procesados se requiere de la correspondiente autorización del Parlamento.

Si cruzamos el charco, la legislación de EE.UU. lleva al límite la idea británica de estricta igualdad legal. Desde el presidente hasta el último juez, todos son procesados por tribunales ordinarios. No obstante, nunca ha habido procesos penales contra un presidente, puesto que Richard Nixon dimitió antes de que se materializara la acusación de obstrucción a la justicia en la investigación del escándalo Watergate.