La Administración española se resiste a las ventajas de una democracia transparente

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La Administración española sigue siendo alérgica a que el ciudadano le solicite información. En el año en el que España, por fin, dejó de ser el «patito feo» europeo con la aprobación en el Congreso de la primera ley de transparencia en el pasado mes de septiembre, el 57% de las solicitudes de acceso a la información obtuvieron el silencio administrativo por respuesta. Solo el 13% de las peticiones ciudadanas fueron atendidas de forma «satisfactoria». Los entes locales se mostraron especialmente reacios a ser transparentes, con un 81% de peticiones despachadas por la vía del silencio administrativo.

David Cabo: «Es muy frustrante ver que en España la mayoría de las veces no contestan»Se trata de una figura muy querida del derecho español que permite a las Administraciones Públicas zanjar un expediente dando la callada por respuesta. Una lógica que ampara la opacidad de la administración, según coinciden los expertos, y que ha sido mantenida en la nueva ley de transparencia a pesar de numerosas peticiones en contra. Entre las 654 solicitudes de información válidas registradas el año pasado en el portal Tuderechoasaber.es, que canaliza este tipo de demandas, figuran por lo general cuestiones tan elementales.

Como esta: «Me gustaría conocer el número de asesores que tiene el actual alcalde de Zaragoza. Nombres y sueldo, horas de trabajo y archivos en soporte digital de sus trabajos para consulta». El ayuntamiento de Zaragoza no contestó, según recogen en el informe sobre transparencia en España publicado esta semana por este portal y la ONG Access Info Europe. Desde la publicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la Administración del Estado tiene hasta finales del año actual para adaptarse a las obligaciones de transparencia de la ley, que obliga a contestar en el plazo de un mes a solicitudes de este tipo.

Reino Unido respondió al 61% de peticiones

Los gobiernos locales y autonómicos tienen, por su parte, hasta dos años para poner en vigor las disposiciones de la ley. La buena noticia es que en el mundo hay casi un centenar de países con leyes de este tipo, por lo general mucho generosas que la aprobada por el PP, PNV y CiU, con el voto en contra del PSOE y de otros partidos. En el Reino Unido, el 61% de las más de 77.000 peticiones de acceso a la información recibidas el año pasado fueron respondidas satisfactoriamente, de forma parcial o completa. El porcentaje fue del 64% en la República Checa, y del 55% en Hungría, por citar algunos países del entorno europeo.

El 13% de respuestas satisfactorias en España nos empareja con países como Túnez o Brasil, según el estudio de estas dos organizaciones, que impulsan desde hace años la cultura de la transparencia en España. «Lo que me impresiona de un país como el Reino Unido es la sensación de que la Administración te contesta cuando pides una información, es muy frustrante ver que en España no contestan la mayoría de las veces», explica David Cabo, director de la Fundación Ciudadana Civio sobre tecnología y transparencia.

Ante este aparente miedo de muchos funcionarios españoles a entregar al ciudadano la información pública que custodian en su nombre, Cabo recuerda que «la ley de transparencia no implica que todo van a ser grandes escándalos; si miramos la situación en otros países, vemos que hablamos de gente que quiere información sobre el colegio de sus hijos, o de una comunidad de vecinos que pregunta a su ayuntamiento por qué van a remodelar un parque», aclara.

Marc Garriga: «Suecia no tiene un Watergate por semana, y hay ley de acceso desde hace 200 años»De hecho, varios expertos consultados por ABC coinciden en señalar a los políticos, y no a los funcionarios, como el gran obstáculo para que España salga del suspenso en lo relativo a la cultura de transparencia y gobierno abierto que apadrinan en todo el mundo gobiernos de signo diferente, como el de Barack Obama en EE.UU. o David Cameron en Reino Unido. «La motivación más importante para aprobar una ley de transparencia y acceso es que el ciudadano de a pie conozca mejor el sector público», defiende Marc Garriga, uno de los mayores especialistas en España en datos abiertos.

Los políticos, y no los funcionarios, son el freno

«Si alguien, por ser transparente, se siente vulnerable, tiene un problema porque significa que tiene miedo a que le vean las vergüenzas. Tendrían que mirar a Suecia, donde no hay un Watergate cada semana y eso que llevan 200 años con ley de transparencia», cree. «De todas formas, quien tiende a decir que no estamos preparados es más el político que el administrador», dice. Una percepción que corrobora Helen Darbishire, directora ejecutiva de Access Info Europe, quien destaca que los funcionarios son a menudo, frente al miedo a la transparencia de muchos políticos, los primeros en exigir apertura. «Quieren que la ciudadanía entienda su trabajo», explica a ABC.

El lento parto de una ley para regular en España el derecho de acceso a la información, recogido en el artículo 105 de la Constitución, ha incomodado siempre a una clase política atrapada en las costuras de una tradición administrativa opaca y burocrática, y que tiene el reto de sumar a España a una corriente de democracias transparentes y avanzadas, como coincidieron los participantes en un debate al respecto organizado por ABC.

Francis Maude: «La transparencia nos saca de la zona de confort a los políticos»Durante su reciente visita a España para apadrinar la reforma de la Administración del actual gobierno español, el ministro de la Presidencia británico, Francis Maude, defendió las virtudes de tener un gobierno abierto y transparente. «La transparencia es algo que nos saca de la zona de confort a políticos y funcionarios porque elimina esa aureola de mística y nos hace responsables en tiempo real, algo que es muy incómodo, pero muy poderoso como mecanismo para el cambio», explicó en una entrevista con este periódico.

La ley española, «un frankenstein legislativo»

Pero la ley española corre el riesgo de defraudar a propios y extraños al haberse convertido en un «frankenstein legislativo» destinado, según sus objetivos, a acabar con la corrupción, garantizar el buen gobierno, realizar ajustes pendientes en el funcionamiento de los partidos y de la Casa Real y, de paso, introducir una cultura de transparencia [puedes consultar aquí el texto de la ley publicado en el BOE].

Demasiados objetivos para una norma que podría ser, de por sí, revolucionaria solo con que se apliquen de forma efectiva las obligaciones a las Administraciones Públicas españolas de publicar en páginas web dignas de ese nombre datos como los que permiten a las familias suecas o británicas comparar resultados académicos de los colegios o la calidad del trato en las consultas de los médicos de cabecera. «Creo que los políticos españoles no han comprendido el potencial de esta ley, que podría generar un fuerte beneficio económico facilitando a los emprendedores, por ejemplo, los datos públicos que necesitan», explica Darbishire.

La Ley de Transparencia figuraba en los programas de cuatro partidos (PSOE, CiU, IU y UpyD) en los comicios de 2008. Pero, en realidad, han sido los acontecimientos los que han arrastrado a la clase política española a abrazar la transparencia. En octubre de 2008, el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero anunció el primer proyecto de ley de este tipo tras una petición conjunta de los diarios «El País» y ABC en la clausura de una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa en Madrid.

Los problemas de una ley «anfibológica»

Las movilizaciones del 15-M, que hicieron de una legislación de acceso una de las pocas demandas concretas que parió el movimiento de protesta, doblegaron las últimas resistencias de unos parlamentarios cada vez más cercados. La tramitación durante un año del proyecto de ley en la Comisión Constitucional del Congreso sirvió, no tanto para mejorar la calidad de la producción legislativa en la materia, sino para poner de manifiesto, una vez más, que muchos diputados prefieren todavía las disquisiciones metafísicas y administrativas a pensar en las aplicaciones cotidianas de una cultura de transparencia.

Durante mi propia comparecencia en calidad de experto ante la Comisión Constitucional [puedes ver aquí el vídeo], uno de sus miembros –perteneciente a uno de los partidos que aprobaron la ley- puso de manifiesto las incongruencias del proyecto, y su propia preferencia por la metafísica de lo imposible frente al espíritu práctico. «El buen gobierno es un concepto anfibológico, nadie sabe lo que es un buen gobierno», dijo. Meses más tarde, daría su voto a una ley con ese nombre. La Real Academia define así la anfibología: «Doble sentido, vicio de la palabra, cláusula o manera de hablar a que puede darse más de una interpretación».

Anfibologías aparte, entre los numerosos ejemplos de aplicaciones prácticas de la transparencia, los expertos consultados por ABC coinciden en señalar la fragmentación de la información en España sobre contratación pública, un ámbito de interés clave para miles de empresas y para luchar contra la corrupción. «El Congreso tiene un perfil del contratante, la Biblioteca Nacional tiene el suyo... y la web de Contratación del Estado solo incluye datos de la Administración central, y así es muy difícil obtener una visión global», explica Cabo.

PDF no, formatos reutilizables sí, gracias

Eslovenia, en cambio, ha decidido atajar la corrupción centralizando la información de contratos de todas sus administraciones en una web única que permite, además, lanzar búsquedas por empresas contratadas y por ministerios contratantes, un elemento clave para seguir la pista del dinero, según recuerda Darbishire. «La información muchas veces está ahí, es un problema de voluntad política que quieran abrirla», señala Garriga.

Darbishire: «Los políticos españoles no han comprendido el potencial de esta ley»En España, las administraciones recogen muchos datos, como el uso de quirófanos, las horas de consulta o cuándo fichan los médicos en el ámbito sanitario. Pero luego ni se utilizan si se publican, a diferencia de la situación en Gran Bretaña, donde se puede consultar la valoración de usuarios de los diferentes médicos de cabecera por zona geográfica o los rankings de calidad educativa en los colegios. Y todo ello en webs que facilitan, en lugar de dificultar, el encontrar la información deseada.

El portal británico de gobierno abierto es el modelo en el que muchos se inspiran, dado el liderazgo sin complejos del actual gobierno en materia de open government. Un campo en el que el formato sí importa. «Abrir los datos en PDF no sirve para nada», advierte Garriga. «Pedir que se abran los datos en formatos reutilizables, como los ficheros de texto separado por comas, no es para fastidiar a nadie, es simplemente para poder cruzarlos con otras bases de datos», explica.

Tanto el gobierno británico como el estadounidense han comprendido que una administración pública transparente es la mejor manera, no solo de generar confianza en los ciudadanos, sino de ahorrar costes y tiempo al sistema productivo y a las relaciones entre administración y administrados. Garriga, como muchos otros, se muestra optimista en este sentido.

«Fruto de la inversión en tiempos de bonanza económica, España es uno de los países más avanzados en el campo de la administración electrónica –que no abierta–; esto implica que los sistemas de información de la Administración ya están digitalizados, por lo que transformar una administración electrónica en una abierta y transparente, desde el punto de vista técnico, no es tan difícil». Con una ley ya aprobada, con cada vez más funcionarios convencidos de las bondades de la transparencia, y con gran parte del camino tecnológico recorrido, la clase política española, pero también la ciudadanía, tienen en sus manos hacer realidad las ventajas cotidianas de una democracia transparente.