Instituciones mudas en el año de la Transparencia

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El Gobierno central, los regionales, los ayuntamientos, partidos políticos y sindicatos siguen «mudos». Mientras las bocas de los dirigentes españoles se llenaban de la palabra transparencia en 2013, más de la mitad de las peticiones de información de los ciudadanos a las administraciones que los gobiernan han encontrado el silencio como respuesta. Una cifra que preocupa, con la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno a la vuelta de la esquina —en diciembre de 2014 y 2015 para las entidades locales y autonómicas—.

El informe de Tuderechoasaber.es, una plataforma que ayuda a los ciudadanos a solicitar información a las instituciones impulsada por las ONGs Acces Info Europe y Civio, parece alejar a España de una cultura pro transparencia a la que llegaba tarde, aunque con entusiasmo, y que ya vienen practicando sus vecinos europeos.

En 2013, más de la mitad (57,3%) de las preguntas de los ciudadanos a las instituciones quedaron sin respuesta. Ni siquiera fueron rechazas o contestadas de forma inadecuada; sencillamente ignoradas. La cifra es aún más alta que la de 2012, donde el silencio administrativo fue de un 54%. Además, sólo un 12,8% obtuvo una respuesta satisfactoria. El resto, o fue respondida de manera inadecuada (7,2%) o incompleta (3,8%), se indicó que no se poseía dicha información (11,2%), o remitían a un formulario propio (4,3%) o incluso se producía un error en el envío (0,9%). El 2,5% restante fueron rechazadas.

La responsable de Tuderechoasaber.es, Eva Belmonte, no oculta una amarga «sorpresa» ante los resultados de 2013. «Teníamos ciertas esperanzas en que al menos mejoraran con respecto a 2012, porque el tema se hablaba y creíamos que las administraciones serían más sensibles», se lamenta.

Los portales pro transparencia se multiplican y algunas regiones incluso han aprobado ya sus propias leyes autonómicas sobre la materia —es el caso de Navarra, Andalucía, Extremadura o los borradores que ya existen en Aragón, Cataluña, Murcia o La Rioja—. Quizás por ello los resultados a nivel autonómico son los más satisfactorios (sólo un 32,2% de silencio administrativo y un 22,6% de respuestas satisfactorias).

A nivel local, los datos son descorazonadores, «sobre todo porque parece que el ayuntamiento debería ser la institución más cercana al ciudadano, y muchas de las preguntas que éste les hace son muy sencillas de responder», indica Belmonte. El silencio administrativo se eleva al 81,3% en las entidades locales, y solo un 3,4% de las preguntas obtuvo una respuesta satisfactoria.

El silencio negativo, una batalla perdida

Tuderechoasaber.es se ocupa de facilitar a los ciudadanos ese acceso a la información al que tienen derecho, un derecho que recibirá protección jurídica con la entrada en vigor de la nueva Ley. En 2013 envió 665 solicitudes a las diferentes administraciones. Once de ellas fueron descartadas por la propia plataforma, por considerar que más que preguntas eran quejas o sugerencias. De esas 654 solicitudes válidas enviadas, 375 no obtuvieron ninguna respuesta. Y en todos los casos se agotaron los tres meses que tienen las entidades para responder antes de que esa no-respuesta se considere silencio administrativo.

En el Consejo de Ministros en que se dió el visto bueno a la Ley de Transparencia, la vicepresidenta del Gobierno y principal impulsora de la norma, Soraya Sáenz de Santamaría, reconocía que entre las miles de propuestas que lo ciudadanos enviaron durante la fase de consulta pública se encontraban varias relativas al silencio administrativo.

Este silencio administrativo negativo supone que, una vez agotado el tiempo de que la Administración dispone para responder a una solicitud, si no ha habido contestación se entiende por rechazada.

La vicepresidenta aseguraba en la rueda de prensa posterior al cónclave de ministros que no se había cambiado este punto, como venían reclamando las diferentes asociaciones y expertos pro transparencia, para evitar un «perjuicio a intereses públicos o de terceros», algo que, en su opinión, podía afectar a la seguridad del Estado o a información confidencial. Pero, tal y como avisaron entonces las organizaciones, ese silencio administrativo negativo se traduce en que más de la mitad de las peticiones son ignoradas.

«El silencio administrativo es una actitud y que la ley lo contemple no ayuda a que esto mejore —el artículo 20.4 recoge que transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada—. Por eso nos mostramos pesimistas de que los resultados vayan a variar mucho cuando entre en vigor la ley», indica Belmonte.

Formación para quien responde

La mayoría de las preguntas de los ciudadanos responden a cuestiones «sencillas, directas y asumibles» y, a priori, fáciles de contestar, señala Belmonte. Suelen tener que ver con el destino del gasto público, un tema que preocupa.

«Hemos registrado preguntas tan básicas como pedir a un ayuntamiento saber cuál es la empresa concesionaria de una obra. Te encuentras con que no ha sido contestada pese a que esa información ya es pública. De hecho, yo misma respondo a veces al ciudadano buscando en el perfil del contratante de determinado Ayuntamiento. Es información que, aunque está, no es fácilmente accesible para un ciudadano de a pie», asegura Belmonte.

La ley contempla (artículo 21) que existan unas «unidades especializadas» de información en cada administración que serán las encargadas de atender a las peticiones ciudadanas. Éstas decidirán qué se responde y qué no, o deberán transmitir la petición a instancias superiores, en su caso. De momento, muchos de los funcionarios desestiman atender a las peticiones simplemente por desconocimiento, provocando la alta cifra de silencio administrativo. «Si el funcionario simplemente ignora la petición es por una cuestión de cultura y formación. Por eso pedimos que reciban una formación adecuada, porque no tienen por qué saber cómo actuar», indica la responsable de Tuderechoasaber.es.

Después del silencio, ¿qué?

Sin la ley de Transparencia vigente, a los 375 ciudadanos que se toparon con una administración muda no les queda más alternativa que acudir a los tribunales. Sin embargo, desde Tuderechoasaber advierten de que, de momento, no es una opción. «Sin ley, no hay respaldo», recuerda Belmonte.

Acces Info Europe llevó al Estado a los tribunales y fue condenada por el Tribunal Supremo a pagar 3.000 euros de costas por querer conocer las medidas de España para luchar contra la corrupción. «Un ciudadano medio no puede permitírselo», recuerda Belmonte.

Pero con la Ley de Transparencia la situación cambiará. Contempla la creación de un Consejo de la Transparencia que será el organismo al que acudir en primera instancia. El inconveniente de éste, según Tuderechoasaber, es que dependerá del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. «Aunque debería defendernos, como ocurre con organismos similares que ya existen en otros países, no se le presupone mucha independencia», se lamenta Belmonte.

Partidos también en silencio

Uno de los hechos más sorpredentes para Tuderechoasaber.es es que las formaciones políticas tampoco responden a las peticiones ciudadanas. De las 17 preguntas que recibieron, solo dos de ellas no fueron ignoradas: ICV respondía a una pregunta sobre sus cuentas de forma satisfactoria mientras que IU enviaba al solicitante a su página web, aunque la información que éste reclamaba no se encontraba ahí.

«Los partidos políticos se incluyeron en esta ley de lado y a última hora, y parece incoherente que no atiendan a las preguntas de los ciudadanos si lo que quieren es vender una imagen de cercanía con éstos», insiste Belmonte.