Políticos que no entrarían en una lista electoral con la nueva ley Gallardón

El proyecto trata de establecer una línea clara respecto a en que momento es legal o no que un implicado en delitos de corrupción pueda participar en la vida pública. Este momento no sería el de la imputación, sino el de la apertura del juicio oral. Este hecho haría que políticos tan en boca de todos por su implicación en casos de corrupción como Magdalena Álvarez, Oriol Pujol o Alberto López Viejo podrían seguir formando ticket electoral junto a sus compañeros de partido. Incluso Luis Bárcenas, actualmente en prisión preventiva, no se vería afectado por la nueva norma.

Mientras todos ellos si podrían ir en una lista, de estar ahora mismo en vigor, la norma afectaría a un importante ramillete de políticos, especilamente del ámbito autonómico y local. El ex consejero de la Comunidad Valenciana, Rafael Blasco , juzgado por el fraude en los fondos a la Cooperación al desarrollo, sería la personalidad política más relevante afectada por la nueva legislación.

La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal podría afectar también al ex alcalde de Getafe, Pedro Castro, y a otros concejales, que ya dimitieron, implicados en el caso de las adjudicaciones irregulares de plazas de garaje. La situación procesal no es todavía la de juicio oral, pero el auto de procesamiento dictado por el Juzgado de Instrucción nº 7 de Getafe ya se pide la apertura de juicio oral.

Tampoco podría formar parte de ninguna lista electoral ex alcalde de Santa Cruz de Tenerife y senador por el PSOE, Miguel Zerolo , después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo abriese juicio oral por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa. La misma resolución alcanza al exconcejal Guillermo Núñez y al director general de Organización y Régimen Interno, Joaquín Castro Brunetto, por el «caso García Cabrera».

Después de que el Juzgado de Instrucción Número 1 de Ourense emitiese un auto que decreta la apertura de juicio oral contra el ex presidente de la Diputación, José Luis Baltar, acusado de prevaricación administrativa. En su caso la acusación la ejerce la Fiscalía, Manos Limpias y el PSOE que, en su escrito amplía la acusación al delito de falsedad en documento y malversación de caudales públicos.

El caso más reciente es el de los siete concejales del ayuntamiento de Santiago de Compostela imputados por un delito de prevaricación por la decisión del consistorio de pagar la defensa del edil de Deportes, Adrián Varela, tras su imputación en la Operación Pokémon. Otro caso también sería el del alcalde del municipio granadino de Armilla, Gerardo Sánchez, contra quien se abrió juicio oral por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa y otro contra el medio ambiente.