El fraude en las subvenciones a la minería ronda los 600 millones de euros
Hay doce imputados:una empresa de Victorino Alonso cobra ayudas anuales por dos millones de toneladas de carbón, pero solo extrae 800.000
Una investigación penal puede poner coto por primera vez al fraude en las subvenciones al carbón, el sector que más ayudas públicas ha percibido en las últimas décadas . El juez Ignacio Candal, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Ponferrada (León) ha imputado a doce empresarios de siete compañías mineras como presuntos autores de un fraude que puede rondar los 600 millones de euros, aún sin cuantificar en su totalidad.
Según los datos a los que ha tenido acceso ABC, solo la Unión Minera del Norte S. A. (Uminsa), una de las sociedades del principal empresario minero de España, Victorino Alonso, cobró 53 millones de euros de más solo en un año, 2011. En ese ejercicio percibió subvenciones por algo más de dos millones de toneladas de carbón extraídas, pero en realidad solo sacó de las minas unas 800.000 toneladas. Siempre según la denuncia que presentó la Fiscalía, Uminsa se «inventó» 1,2 millones de toneladas de carbón en 2011; es decir, el 60 por ciento del mineral subvencionado sería ficticio.
Si se multiplican esas cifras por los seis años que se investigan (2007-2012, ambos incluidos) y se contabilizan las siete empresas implicadas, el presunto fraude es descomunal. Las compañías mineras han cobrado en esos años unos mil millones de euros en subvenciones. Extrapolando los porcentajes defraudados en el ejercicio 2011, la cantidad malversada ronda los citados 600 millones de euros. Las subvenciones las concede la Unión Europea a través del Ministerio de Industria.
El primer paso de la investigación lo dio un ingeniero de una empresa minera el 14 de enero de 2013. El denunciante se presentó en la Fiscalía de Área de Ponferrada y entregó una serie de cifras correspondientes al año 2011.
En esas tablas se comparaban las cantidades subvencionadas a tres empresas –Uminsa, Alto Bierzo S. A. y Carbones San Isidro y María S. L.– con las que aparecen en los «planes de labores» de las mismas compañías. El fiscal jefe, Jacinto Fernández Villalvilla, observó indicios de delito y presentó una denuncia en los juzgados de Ponferrada que ponía al descubierto un presunto fraude de 57,7 millones de euros. La mayor parte son los 53 millones de la citada Uminsa. Le sigue Alto Bierzo, con 4,3 millones de euros. Esta empresa, propiedad de Manuel Lamelas Viloria, presidente de la Cámara de Comercio de León, cobró en 2011 subvenciones por la extracción de 258.616 toneladas de carbón, pero, según la denuncia, extrajo realmente 139.904 toneladas, una diferencia de casi 119.000 toneladas.
La tercera empresa denunciada, Carbones San Isidro y María S. L., presenta cifras mucho más modestas:un presunto fraude de 307.510 euros.
Una vez que el magistrado Ignacio Candal tuvo estos datos sobre su mesa, decidió ampliar la investigación al periodo 2007-2012 y a la práctica totalidad de la minería leonesa. Se trata de siete empresas: Carbones Arlanza, Alto Bierzo, Unión Minera del Norte, Hullera Vasco-Leonesa, Hijos de Baldomero García, Coto Minero Cantábrico y Carbones San Isidro.
Declaraciones ante el juez
Además, el titular del juzgado de Instrucción número 5 ha imputado a doce empresarios que controlan estas compañías para tomarles declaración. Los responsables del presunto fraude recurrieron la imputación, por lo que, hasta que el recurso se resuelva, no comparecerán ante el juez.
Al margen de las imputaciones, el juzgado está recabando toda la documentación sobre las extracciones de carbón, incluidas auditorías y toda prueba que aclare el desfase de las cifras. Dada la magnitud del caso, fuentes jurídicas aseguran a ABC que es pronto para acotar el presunto fraude e insisten en que el caso aún está «en fase de instrucción».
Tras conocerse la existencia del sumario, el pasado febrero, tanto los empresarios de la minería como algunas organizaciones sindicales criticaron con dureza la investigación judicial. Desde Carbunión, la patronal del sector minero, aseguran que «las ayudas concedidas a las empresas son correctas, legales y están auditadas por el Estado y la Comisión Europea». Tras mostrar su «sorpresa» por las imputaciones, Carbunión asegura que la demanda está «llena de errores» y «deja en evidencia el total desconocimiento de la normativa que regula la concesión de ayudas». En el mismo comunicado de prensa, la patronal del carbón reveló la identidad del denunciante que colaboró con la Fiscalía.
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