El Senado da otro paso hacia la limitación de la justicia universal

La Comisión de Justicia designará este lunes la ponencia y debatirá las iniciativas de la oposición. El PSOE, Izquierda Unida, el PNV, ERC, la Entesa y Amaiur han presentado sus propuestas de veto por el «mensaje de impunidad» que lanza a los criminales y el «escarnio» que supone el archivo retroactivo de investigaciones en curso. La proposición de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial no ha pasado por la Junta de Portavoces ni por la Mesa del Senado, que es el procedimiento habitual. Al llegar tramitado con urgencia, es el presidente de la Cámara Alta el que tiene la potestad de calificar los proyectos y darles trámite; este ha sido el caso.

Si la propuesta sale finalmente intacta de la Cámara Alta, se publicará de inmediato en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y abocará al archivo las causas abiertas en la actualidad que no reúnen los nuevos requisitos, según la disposición transitoria única.

La Audiencia Nacional investiga bajo el principio de la justicia universal el asesinato en Irak del cámara José Couso, el genocidio en el Tíbet, el hallazgo de varias fosas en el Sáhara con víctimas españolas o las muertes del jesuita Ignacio Ellacuría o del diplomático Carmelo Soria. El PSOE ya ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad contra esta norma por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva.

La reforma limita la persecución de los delitos de genocidio y lesa humanidad a los procedimientos que se dirijan contra españoles o extranjeros que hayan adquirido la nacionalidad tras cometer el hecho o cuya extradición haya sido denegada. El nuevo artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial elimina la posibilidad de actuar con una denuncia o a través de una acusación popular, para limitar su impulso a las querellas presentadas por el agraviado o la Fiscalía.

La extensión de la jurisdicción española más allá de nuestras fronteras se condiciona a la existencia de un tratado internacional que lo autorice y al Estatuto de la Corte Penal Internacional. La oposición ha criticado que algunas potencias, como China o Estados Unidos, no han ratificado tales convenios y es imposible perseguir sus crímenes. La reforma impone nuevos límites a los jueces españoles y recoge en la lista de ilícitos a perseguir los delitos de violencia contra la mujer y la violencia doméstica, las torturas o la corrupción de agente público extranjero. Confiere a la Sala Segunda del Tribunal Supremo la potestad de valorar la posibilidad de que los jueces españoles puedan conocer los hechos, en caso de que el Estado no esté llevando a cabo una investigación efectiva de los mismos.