PNV y PSE pactan iniciar el debate de reforma del Estatuto vasco dentro de la ley

El PNV ha optado por acercarse a los socialistas, en lugar de «picar en el anzuelo» de Bildu, según expresión de los nacionalistas, que exigía como requisito de partida el reconocimiento del «derecho a decidir». La coalición radical, que ha votado en contra de la ponencia junto a PP y UPyD, ha sido muy crítico y ha acusado al PNV de cometer «fraude» a su electorado soberanista. El portavoz de Bildu, Hasier Arraiz, ha dicho «no entender» cómo puede el PNV pactar con el PSOE, cuando este viene de acordar con el PP la aprobación del recurso previo de constitucionalidad para las reformas estatutarias y le ha reiterado su oferta de iniciar una «vía vasca» hacia la autodeterminación.

El portavoz del PNV, Joseba Egibar, exponente del ala más independentista del PNV que debe cohabitar con el enfoque más moderado que proyecta Urkullu, se ha defendido asegurando que no se ponen límites y que la conformación del grupo de trabajo es solo «un punto de partida», en el que no se entra en contenidos. Así, ha recordado que su partido sí recoge en su programa electoral la «institucionalización del derecho a decidir», «más soberanía y autogobierno» y la «actualización de los derechos históricos» como una «necesidad». «Ha llegado el momento de actualizar la voluntad política del pueblo vasco (…) Nadie tiene derecho de veto. Si no se alcanza consenso total, la legitimidad democrática tiene derecho a seguir adelante», ha pronunciado de forma tajante y en disonancia con su predisposición a respetar la legalidad.

Patxi López (PSE), que ha empezado ensalzando el «magnífico Estatuto de Guernica», ha defendido su reforma «para corregir defectos», «pero también de la Constitución» y de las instituciones europeas, de manera que se plasme la «nueva realidad» de soberanías compartidas a muy distinto nivel, que sirvan al ciudadano y no a «entelequias», ha dicho, en alusión al concepto nacionalista del «pueblo vasco». Todo ello, desde el respeto a las leyes «que garantizan la libertad de todos porque son el control del poder».

El exlendakari socialista ha vuelto a denostar el supuesto «derecho a decidir» que invoca el nacionalismo y ha recordado que ante las intentonas de «independencia», el PSE estará «enfrente». «Queremos que en el centro de todo estén los ciudadanos, no otras entelequias. No queremos proyectos en, participar de una construcción nacional que pretenda uniformarnos bajo una única identidad (…) Somos irreductiblemente plurales», ha señalado López.

El PP, por boca de Borja Sémper, ha acusado al PNV de ocultar sus intenciones soberanistas y, mediante «eufemismos», regresar a los «errores del pasado» de Ibarretxe con planes de ruptura. «Usted, señor Egibar, ha enseñado la patita pero no dice con claridad (…) Su objetivo es la independencia de Euskal Herria», le ha censurado al portavoz del PNV. Como todos los grupos, ha asegurado su presencia en la ponencia estatutaria para, «con determinación» defender el proyecto común de España. Ha denunciado también el oportunismo de Urkullu, que prefiere de momento mostrar perfil bajo «a la espera de acontecimientos extraños y a que los vientos sean favorables», en alusión a los debates abiertos en Escocia y Cataluña.

UPyD, que también estará presente en la ponencia, ha asegurado que la independencia «no se va a dar en ningún caso» y que todo intento por «contentar» o «acomodar» a los nacionalistas es baldío. «Nunca van a estar cómodos, son insaciables», ha concluido. Su propuesta de reforma para España: un estado federal simétrico y cooperativo. «Todas las comunidades autónomas con las mimas competencias», ha zanjado Gorka Maneiro.

El grupo de trabajo tendrá una primera fase de «evaluación y análisis» sobre el actual modelo de autogobierno vasco, en la que se prevén comparecencias a puerta abierta hasta finales de 2014. Será a partir de entonces, en pleno apogeo del debate soberanista con Escocia y Cataluña de protagonistas, cuando los grupos deban redactar un texto articulado que modifique el de Guernica o, en su caso, encomendarlo al Gobierno de Urkullu.