Las víctimas denuncian que ETA intentó más de 10.000 asesinatos

Imita así la iniciativa emprendida por Ramona Garrido, la viuda «coraje» de José María Latiegui, asesinado por ETA, quien en 2011 mostró a ABC su voluntad de acudir al fiscal de la Corte Penal de La Haya para denunciar a la banda por crímenes contra la humanidad y genocidio. «En España, desde 2002, que es cuando se firmó el Estatuto de Roma, se tenía que haber cambiado la calificación de los crímenes de ETA por crímenes de lesa humanidad porque cumplen perfectamente las definiciones del Estatuto», declaró Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio Ordóñez, tras entregar en la Corte Penal el informe. De ahí que este colectivo de víctimas solicite que los crímenes de lesa humanidad que deben ser investigados y enjuiciados, desde 2002, sean 292 asesinatos selectivos (entre consumados y en grado de tenmtativa), la persecución de al menos 40.000 personas pertenecientes a un grupo o colectividad con identidad propia por motivos políticos o nacionales, y el traslado forzoso (exiliados) de alrededor de un 10 por ciento de la población vasca.

Pero para reforzar el argumento de que ETA ha llevado a cabo una estrategia de persecución sistemática y liquidación física del adversario, las víctimas en el País Vasco aportan en el escrito entregado al fiscal datos estremecedores sobre medio siglo de terror. Así, el 95 por ciento de los crímenes de ETA han sido perpetrados contra el sistema democrático. esto es, «Euskadi ta Askatasuna» no nació para combatir a una dictadura, sino para aniquilar a los «maketos» (españoles). Cerca del 90 por ciento de los crímenes se dirigieron de forma selectiva y discriminatoria contra la población civil, atacando hogares en busca de víctimas entre familiares e incluso «ataúdes blancos». En el haber de ETA se contabilizan «más de 10.000 asesinatos en grado de tentativa», además de los 858 consumados.

Hay miles de actos de violencia de persecución contra civiles, así como más de 200.000 ciudadanos forzados a abandonar el País Vasco y Navarra, lo que movió al Gobierno a impulsar una modificación de la ley Electoral a fin de que en próximas elecciones puedan votar allí los «exiliados».

Los portavoces de diversas asociaciones judiciales ven «muy difícil» que la Corte Penal de La Haya investigue a dirigentes de Batasuna y a miembros destacados de ETA por crímenes de lesa humanidad. Consideran que la iniciativa no tiene encaje jurídico dado que España ya está investigando a ETA y todos los delitos relacionados con el terrorismo a través de la Audiencia Nacional.