Doña Cristina se desmarca de las irregularidades de Aizoon

pablo muñoz

08/02/2014
Actualizado a las 22:02h.

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Casi siete horas de declaración y cientos de preguntas planteadas pero ninguna sorpresa. Ese es el resumen de la comparecencia como imputada de la Infanta Cristina ante el juez instructor del caso Nóos, José Castro, al que explicó una y otra vez que ella no tenía papel alguno en Aizoon, la sociedad que comparte al 50 por ciento con su marido, Iñaki Urdangarín. Ni hacía trabajos para la firma, ni era su administradora, ni por supuesto se ocupaba de los asuntos contables y tributarios, de los que se encargaba una asesoría externa elegida por el Duque de Palma. Se limitaba a firmar los papeles que le presentaban: «Tenía plena confianza en él», dijo en muchas ocasiones en referencia a su esposo, sobre el que añadió en otro momento: «Estoy convencida de que ha hecho las cosas bien».

Doña Cristina llevaba la lección bien aprendida. Demostró que las largas horas de reuniones con sus abogados, en las que prepararon al detalle su declaración como imputada en un delito fiscal y otro de blanqueo, no habían sido en balde. Estuvo tranquila, siempre educada, a veces sonriente, habló despacio y en voz baja. Eso sí; antes de empezar a responder, y después de que se le leyeran sus derechos, uno de sus abogados, Jesús Silva, advirtió de que su cliente no contestaría aquellas cuestiones que estuviesen basadas en hipótesis -según algunas fuentes Castro, lo hace en ocasiones-, o que pudieran perjudicar a su esposo.

Fijado el marco en el que se producirían las respuestas, el juez comenzó un interrogatorio de casi cinco horas (luego habría dos horas más con el fiscal y la Abogacía del Estado), centrado en gran parte en las facturas de índole personal que fueron pagadas con la tarjeta de Aizoon de la Infanta, algunas de un importe mínimo. La hija menor de los Reyes, a la que el instructor trataba de «señora», reconoció en efecto que hacía uso de la misma y admitió que hizo gastos personales con ella. Eso sí, dijo desconocer que la cuenta a la que se cargaban esas compras fuera la de la sociedad ya que ella no tenía firma autorizada en ella.

En otra demostración de que se ha ganado a pulso su fama de la fama de puntilloso, el magistrado no dudó en preguntar por facturas como la suscripción a una revista de moda (511 euros), la compra de ropa deportiva en Nueva York (156 euros), o la serie completa de Harry Potter, entre otras muchas. En la mayor parte de las ocasiones Doña Cristina contestaba con un «no sé», un «no me acuerdo» o un simple «no». En este tan largo como improductivo intercambio de preguntas y respuestas, se produjo una de las anécdotas del día: el juez pidió a la Infanta explicaciones sobre si había pagado con dinero de Aizoon un curso de salsa, algo que ella dijo no recordar. «Sí hice -añadió- uno de flamenco». El instructor, cordobés y rápido de reflejos remató: «Lo celebro».

Entrando en materia más sensible, Castro insistió en plantear por qué había aceptado formar parte de Aizoon. De nuevo, señaló, fue porque se lo pidió Urdangarín y ella confiaba plenamente en él. Negó que el objetivo de ser socia de la mercantil fuera ser un «escudo ante Hacienda»; «si hubiera sido así jamás lo hubiera aceptado, por principios», añadió en referencia al testimonio del notario ante el que se inscribió la sociedad. Y explicó asimismo que veía la constitución de esa sociedad como una buena oportunidad «para que mi marido se desarrollase» tras su larga etapa como jugador de balonmano y una breve temporada como trabajador de una consultora. De hecho, varias veces identificó los trabajos de Aizoon como proyectos del Duque de Palma.

Castro, incisivo, le preguntó también por el currículum de Urdangarín, detallando la Infanta su etapa de deportista profesional y sus estudios en el Esade: «¿Usted sabe si con un currículum como ese alguien en España ha ganado tanto dinero como él?», cuestionó. «No lo sé», fue la respuesta.

Insistió el magistrado en cómo era posible que aprobara las cuentas de la sociedad familiar, a lo que Doña Cristina respondió que «firmaba todo lo que me decía mi marido y yo confiaba en su buen hacer». Además, recalcó que no tenía conocimientos ni de derecho mercantil ni tributario, por lo que daba por buenos los documentos que le presentaba la asesoría que se ocupaba de esos temas, por cierto dirigida por un cuñado de Torres.

El juez, que en varios momentos de la declaración se mostró irónico y en otros incluso agresivo, se refirió también a la contratación como trabajadores de Aizoon del personal doméstico que prestaba servicio en el chalé de Pedralbes. De nuevo Doña Cristina admitió que se ocupó personalmente de la selección de esas personas a través de una agencia dedicada a ello, pero precisó que tras dar su visto bueno era la asesoría con la que trabajaba su esposo la que formalizaba los contratos, cuyas características ella desconocía. Y además negó de forma rotunda que, tal como declararon algunos de esos empleados, pagara en negro sus salarios, al menos durante algún tiempo.

Asimismo Castro hizo referencia al contrato de alquiler suscrito por Aizoon de unas supuestas oficinas que estaban en la misma casa de Pedralbes en lo que supone un caso claro de «autoalquiler». La Infanta reconoció que su firma aparece tanto como arrendataria como arrendadora, lo que es absurdo en el primer caso porque ella no tenía firma autorizada en Aizoon. También admitió que sabía que tenía alquilada a la mercantil la oficina de la vivienda en la que trabajaba su marido.

Tras dos horas de descanso para comer, que la Infanta pasó en una sala habilitada en los juzgados por motivos de seguridad, llegó el turno del fiscal Anticorrupción Pedro Horrach. De nuevo introdujo un elemento de sorpresa al comenzar su interrogatorio -hizo hasta 110 preguntas, por 130 la Abogacía del Estado- al proyectar en una pantalla que hay en el juzgado los razonamientos jurídicos que en marzo de 2012 utilizaba el instructor para rechazar la imputación de Doña Cristina, y que fueron recogidos ayer por ABC como muestra del giro copernicano que éste ha dado en menos de dos años sin que haya un nuevo hecho relevante en la causa desde entonces.

Por supuesto, al magistrado no le hizo ninguna gracia esa estrategia, ya que la Infanta confirmaba uno a uno sus razonamientos de entonces a preguntas sencillas y directas del Ministerio Público... Incluso, admitió que quienes dirigían el Instituto Nóos eran solo Torres y Urdangarín. Con todo, lo más extraño del día fue que Castro no preguntara a la hija de los Reyes por el delito fiscal del IRPF cometido por su marido, del que el juez sostiene que la Infanta puede ser autora como cooperadora necesaria. «¿Sabe por qué delito fiscal la imputan?», preguntó Horrach con cierta ironía. «Ni idea, me lo han intentado explicar mis abogados».

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