El jefe de Comunicación de Interior pone su cargo a disposición del ministro

Gimeno -hombre de absoluta confianza de Fernández, quien le llevó de Cataluña a Madrid cuando el político catalán fue nombrado ministro enero de 2012- es el máximo responsable del departamento de prensa, de donde salió el tuit y la nota informativa, que reveló, antes de tiempo, que la Guardia Civil iba a desatar una operación contra los abogados de ETA, a los que Interior considera 'tentáculos' de la banda en las cárceles.

Según explicaron fuentes del Gobierno, en Moncloa no se vería con malos ojos la salida de Gimeno, por considerar un "grave error" la filtración de esa operación. Sobre todo, porque los detenidos, tras el soplo, tuvieron tiempo suficiente de destruir todo tipo de pruebas, según confirmaron fuentes de la lucha antiterrorista.

El departamento que dirige Jorge Fernández Díez informó de la redada a través de Twitter y de un correo electrónico a todos los medios de España antes, incluso, de que los agentes salieran del acuartelamiento, según han informado mandos de la lucha antiterrorista.

El e nvío masivo de la información sobre la operación, en la que ya se hablaba de "varios detenidos" y en el que se aseguraba que el operativo estaba teniendo lugar en ese momento, tuvo lugar a las 15.06 horas, cuando aún parte de los efectivos estaban en el cuartel de La Salve de Bilbao y, en cualquier caso, antes de que los funcionarios irrumpieran en el despacho de la abogada Arantza Zulueta, de la calle Elcano de la capital vizcaína, donde estaba reunidos seis de los arrestados.

La rectificación

El propio departamento de Interior rectificó su precipitada información retirando la información en Twitter y enviando a las 15.34 horas un nuevo mail en el que anulaban el anterior "a todos los efectos".

Para entonces, las personas que estaban en el despacho había disuelto la reunión y se encontraban manipulando varios ordenadores, según apuntaron fuentes de la lucha antiterrorista. No obstante, ninguno de ellos pudo huir porque los alrededores del despacho ya estaban vigilados.

No es la primera vez que el departamento de Jorge Fernández o el propio ministro provocan el enfado de los servicios antiterroristas por adelantar operaciones públicamente. Fernández ya convocó una conferencia de prensa para dar detalles sobre una operación contra los Grapo por el secuestro de Publio Cordón mientras la operación policial estaba aún abierta y bajo secreto sumarial. La indignación en la Audiencia Nacional fue monumental, al punto de que el juez Javier Gómez Bermúdez abrió una investigación al ministro, que luego archivó, para determinar si había incurrido en un delito de revelación de secretos.

No fue la primera vez que una indiscreción suya ponía en peligro una operación. En julio de 2012 reveló con cuatro horas de antelación en una radio la detención de Juan María Mujika Dorronsoro, acusado de participar en el intento de ETA de matar en 2001 al entonces presidente del Gobierno José María Aznar con un misil tierra-aire. Los gritos de los guardias civiles que durante dos años y medio habían trabajado para arrestar al etarra atronaron en los cuarteles cuando escucharon a Fernández anunciar que en breve iba a haber "buenas noticias" en la lucha antiterrorista.