El juez instructor del caso Nóos, José Castro, en una imagen de archivo - efe

El juez Castro inicia el trámite para intentar imputar a la Infanta Cristina

Pide a las partes personadas en el «caso Nóos» que expresen su postura en cinco días. El fiscal presentó en noviembre un escrito oponiéndose a una posible comparecencia de Doña Cristina

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En su empecinamiento por imputar a la Infanta Doña Cristina, el juez de instrucción de Palma de Mallorca, José Castro, que investiga el «caso Nóos», ha puesto en marcha el trámite para llevarlo a cabo pese a que ya cuenta con el criterio en contra del fiscal Anticorrupción del caso, Pedro Horrach; de la propia Agencia Tributaria; y del criterio de los magistrados de la Audiencia Provincial de Palma, que en anteriores resoluciones dejaron ya claro su criterio desfavorable a esa imputación al no existir indicios suficientes de conducta delictiva alguna en la Infanta. La decisión final se tomaría, en principio, en torno a las fiestas de Navidad. [Lee íntegra la providencia del juez Castro (PDF)]

El juez recibió el pasado jueves el último informe que quedaba pendiente de entrega de los que había solicitado semanas atrás, correspondiente en este caso a la Agencia Tributaria. En dicho documento se estima, según ha avanzado Europa Press, que los Duques de Palma destinaron un total de 698.824 euros provenientes de la mercantil Aizoon a diversos gastos relacionados directamente con su antigua vivienda en la calle Elisenda de Pinós, en la barriada barcelonesa de Pedralbes. En concreto, entre 2004 y 2006 se habrían destinado 436.703 euros a trabajos de reforma de la finca, a los que habría que sumar 262.120 euros destinados entre 2004 y 2010 a otros gastos privados, como billetes de avión, comidas en restaurantes o alojamientos en hoteles.

El pasado mes de noviembre, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach había enviado un escrito a Castro en el que se oponía a una posible nueva imputación de la esposa de Iñaki Urdangarín. Según Horrach, «no hay un solo elemento de prueba» que vincule a la Infanta con «actividades delictivas, propias o ajenas».

Castro imputó inicialmente a Doña Cristina el pasado 3 de abril. En aquella ocasión, la fecha fijada en un principio para la declaración era el 27 de abril. Sin embargo, el fiscal recurrió de inmediato aquella iniciativa judicial, que quedó paralizada provisionalmente. Con posterioridad, la Audiencia Provincial decidió suspender la imputación de la Infanta.

Hasta ahora, la Audiencia se ha pronunciado en dos ocasiones, el 12 de julio de 2012 y el 7 de mayo de 2013, contra la imputación de Doña Cristina, al no existir «elemento indiciario alguno» que la relacione con las actividades presuntamente ilegales del Instituto Nóos, que presidía su marido.

Pese a ello, la Sala dejó en mayo la puerta abierta para que el juez pudiera imputar más adelante a la Infanta por delitos contra la hacienda pública y de blanqueo de capitales si la Agencia Tributaria confirmase una supuesta defraudación cometida a través de Aizoon, que recibió fondos de Nóos y cuya titularidad compartían al 50 por cien los Duques de Palma.

Precisamente, hace unas semanas Castro había recibido uno de los últimos informes solicitados a la Agencia Tributaria, en el que pedía la determinación de la cuota «resultante y defraudada» del Impuesto sobre Sociedades en los ejercicios de 2007 a 2010. «A la vista de lo actuado, no se han detectado ingresos sustraídos del deber de declaración», señalaba el documento de la Agencia Tributaria.

Pese a ello, el informe también indicaba que en las declaraciones de los cuatro años citados se aplicó por parte de Aizoon una desgravación de forma incorrecta. La mercantil consideraba que era acreedora de uno de los beneficios fiscales que fija la ley para «las empresas de reducida dimensión». La citada sociedad había adquirido cinco viviendas, tres de ellas arrendadas a particulares y dos más subarrendadas a Nóos Consultoría.

Sin embargo, para la Agencia Tributaria no era «procedente» aplicar la desgravación establecida para el citado supuesto, puesto que dichos pisos «no pueden considerarse afectos a ninguna actividad económica». Por esa razón, se considera que Aizoon defraudó 99.787 euros en 2007, 91.101 en 2008, 71.073 en 2009 y 19.148 en 2010. En total, 281.109 euros. En cualquier caso, los beneficios fiscales obtenidos indebidamente no alcanzaron ningún año los 120.000 euros, que es la cantidad defraudada a partir de la cual se considera que se ha cometido un delito fiscal.