Víctimas y victimarios, juntos en las aulas vascas
El «plan de paz» de Urkullu incluye a los que sufrieron supuestos «abusos policiales» en el programa de víctimas educadoras en los colegios
itziar reyero
Miembros de ETA o familiares cercanos de etarras que hayan sufrido abusos por las fuerzas policiales en su lucha contra el terrorismo podrán llevar su testimonio de violencia a las aulas vascas. Para ello deberán cumplir al menos dos requisitos. El primero, acreditar que ... fueron víctimas de vulneración de derechos humanos por «motivación política», y así se lo reconozca el Gobierno vasco. Es el caso de los etarras «Txiki y Otaegi», fusilados por Franco, y que merecieron el reconocimiento del Ejecutivo de Patxi López en noviembre de 2012. La segunda condición es que sean seleccionados por el comité de expertos educativos encargados de cribar a las personas que luego introducen en los colegios sus vivencias personales de violencia, bien mediante el testimonio presencial o de forma indirecta, con materiales didácticos audiovisuales.
Este escenario será posible según el «plan de paz y convivencia en el ámbito educativo» que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha trasladado a los agentes escolares, que bebe del anterior «plan de convivencia democrática» inspirado por el equipo de López en la legislatura pasada. La novedad reside en la incorporación de nuevas víctimas al grupo que hasta ahora trabajaba en las aulas -víctimas del terrorismo-, y que a partir de ahora se ampliará a las llamadas «víctimas de abusos policiales». Los centros educativos, como hasta ahora, son los que deciden voluntariamente si introducen el testimonio -y de qué perfil- entre sus alumnos de Tercero y Cuarto de la ESO, y de Bachillerato. El objetivo: «buscar la «empatía» de los jóvenes vascos.
Hasta la fecha, una docena de víctimas del terrorismo –ETA, GAL y Batallón Vasco-Español- ha participado en esta iniciativa, acogida con cierto éxito entre la comunidad educativa. Pero la invitación a las llamadas «víctimas de motivación política» ha levantado ampollas entre el colectivo de damnificados por la banda etarra, que ven en el plan del secretario general de Paz del gabinete vasco, Jonan Fernández, la traslación a los colegios vascos de su «equidistancia» conceptual en el -por él bautizado- «conflicto vasco». Lo cierto es que ya desde un inicio los responsables del Gobierno vasco advirtieron de la necesidad de «completar» el programa, en el que observan «déficit» por la presencia única de víctimas del terrorismo. La introducción de estas nuevas víctimas de «motivación política» concuerda con reivindicación que viene defendiendo Bildu y los promotores de la «euskal memoria», a cargo del mundo de la «izquierda abertzale». Estos estiman que además de las 850 víctimas mortales que ha dejado ETA, también existen otros 400 muertos por acción de las Fuerzas de Seguridad del Estado en su lucha antiterrorista.
«Podrán participar en el programa educativo todas aquellas víctimas que hayan sido reconocidas como tal por las instituciones vascas», aseguran desde el departamento de Educación que dirige Cristina Uriarte. Hasta el momento, el Ejecutivo de Vitoria ha reconocido a ocho personas como víctimas de «motivación política», a raíz del decreto elaborado en 2012, que incluye a los damnificados por abusos policiales o por grupos parapoliciales entre 1960 y 1978. En ese grupo de ocho se encuentran los etarras «Txiki» y «Otaegi». Otros 60 casos están «listos» para ser aprobados y reconocidos por el Ejecutivo, apuntan fuentes del gobierno autónomo.
En este momento, el Gobierno de Urkullu se encarga de preparar el decreto –mucho más peliagudo- que reconozca a las víctimas en tiempo democrático, es decir de 1978 en adelante y que hayan denunciado torturas. La «izquierda abertzale» habla de miles.
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