Caso Malaya: Veinte años de «urbanismo a la carta y tejemanejes corruptos»
Juan Antonio Roca, con los ediles «en nómina», creó un «sistema de corrupción generalizada»
Francisco j. flores/f. del valle
Siete años, un ayuntamiento arruinado y muchos titulares de prensa después, la sentencia del caso Malaya hecha pública ayer viene al fin a poner negro sobre blanco en torno al proceloso mecanismo de la mayor trama de corrupción inmobiliaria y política conocida ... en España . La génesis de todas las corruptelas, después exportadas a tantos municipios de la costa nacional.
El fallo leído ayer por el magistrado presidente de la sección primera de la Audiencia de Málaga, José Godino , considera probado que en Marbella , durante los años en que la Malaya campó a sus anchas, existió una «practica habitual de la gestión urbanística caracterizada por una situación de evidente corrupción política y económica ».
El tribunal llega a la conclusión de que el auténtico protagonista y jefe de la trama, Juan Antonio Roca , «ejerció como alcalde de hecho durante años» y era quien detentaba el control político del ayuntamiento «para conseguir beneficios económicos».
¿Cuál era el proceder de Roca? Afirma la sentencia que Roca «plantea un urbanismo a la carta», que supuso una «alteración total de la realidad urbanística». El exgerente presionaba a los empresarios que pretendían construir en Marbella para que le dieran dinero a cambio de concesiones urbanísticas . Ese dinero lo daba en parte a los concejales que formaban parte del equipo de gobierno de la localidad malagueña y eran los que tenían que tomar las decisiones administrativas. En este punto, el fallo es contundente: los ediles «estaban en nómina» del «cerebro» de la red corrupta. Sin embargo, sus penas han sido menores de lo que pedía la Fiscalía debido a que, según el fallo, resulta imposible dilucidar las contraprestaciones que recibían a cambio de sus decisiones . Por eso, de cohecho han pasado a ser condenados por cohecho pasivo continuado.
De los convenios urbanísticos que se firmaban con los promotores -a quienes se considera «condicionados» al soborno, pero nunca «obligados»-, Roca exigía entre un 20 y un 25 por ciento.
Una suculenta «mordida» que iría después a engrosar su ingente patrimonio y el de sus cooperadores necesarios. Pero ese dinero confluía en una «caja única» cuya contabilidad se llevaba desde la sociedad Maras Asesores, gestionada por el testaferro Salvador Gardoqui. La incautación de estas cuentas, en un maletín intervenido a Gardoqui , fue clave para el desenlace del juicio. Roca entregaba a los tres representantes del tripartito que desbancó a Julián Muñoz sus millonarias dádivas. Durante las vistas del juicio, Roca -«el ideólogo que aglutina las voluntades de todos»- usó la «tesis inverosímil» de que el reparto se hizo «para mantener el tripartito en el poder y garantizar así la gobernabilidad del Ayuntamiento».
Reuniones con los ediles
Para probar el poder que ejercía el exasesor, la sentencia detalla cómo mantenía reuniones con los concejales el día antes de las comisiones de gobierno «en la sede de Planeamiento 2000». A ellas asistían normalmente la alcaldesa Yagüe , Isabel García Marcos y Carlos Fernández .
«Allí se formalizaba un cuadernillo en el que Roca hacía constar unas anotaciones: ‘F’ de favorable para estimar las propuestas o ‘D’ de desfavorable para denegarlas». La mayoría de los ediles ahora condenados argumentaron «en vano» durante el juicio, «que no tenían conocimiento urbanístico alguno «y se limitaban a aprobar aquellos convenios informados favorablemente por los técnicos.
El tribunal desestima estos razonamientos al considerar que al hacer «absoluta dejación de funciones se concertaron con Roca para allanarle el camino a sus actividades y negocios urbanísticos ilícitos». Algunos concejales afirmaron que «nunca hubo advertencias o requerimiento» por parte de otras administraciones o instancias «de tacha de ilegalidad».
La sentencia , en cualquier caso, reprocha al Consistorio marbellí su flagrante «falta de colaboración» con la Junta de Andalucía, quien llegó a interponer 131 recursos contecioso-administrativos contra los actos municipales.
El fallo recuerda que el nivel de corrupción «llegó a tal grado que por primera vez en la historia municipal de España hubo de disolverse el Ayuntamiento y crear una junta gestora hasta la celebración de nuevas elecciones», las que en 2007 propiciaron el acceso a la Alcaldía de la popular Ángeles Muñoz con mayoría absoluta.
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