Tirar por elevación con pólvora del Rey

Dicho lo cual, el PSOE, incluso en los muchos años en que Rosa Díaz militó en sus filas, tuvo infinidad de ocasiones para promover la ley orgánica de la Corona que prevé el artículo 57.5 de la Constitución. Artículo que dice: «Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica.» Por una razón u otra, esa ley nunca se hizo. Es una laguna evidente. Pero también es incuestionable que una de las principales virtudes políticas del sistema monárquico es su previsibilidad. Se conoce la línea sucesoria y se sabe con precisión de cronógrafo la edad del titular de la Corona y cual es su expectativa razonable de vida. Por ello parece completamente fuera de lugar que nuestros partidos políticos no hayan tenido ocasión de ponerse a plantear esta ley orgánica hasta que el Rey ha tenido que entrar en el quirófano por quinta vez en año y medio. En 38 años de reinado no han encontrado mejor ocasión para ello. Ninguno de los tres partidos que ha gobernado nuestra democracia ha mostrado voluntad de hacerlo, quién sabe si por creer que podía molestar a quien estaría más directamente afectado por la nueva legislación. Pero si así fuera, ponerse tan valientes cuando el Rey está débil sólo podría ser interpretado como una manifestación de cobardía.

En la brillante intervención que tuvo el pasado viernes el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno -los indocumentados le llaman jefe de la Casa Real, claro- pudo cometer un error de apreciación. Es cierto que a la Cumbre Iberoamericana se convoca a jefes de Estado y de Gobierno. Es decir, los presidentes de las repúblicas hermanas, el presidente y el primer ministro portugueses y el Rey y el presidente del Gobierno español. Visto así, tenía razón Spottorno al sostener que no cabía la representación por el Príncipe de Asturias porque no es Rey. Pero no es menos cierto que en todas las cumbres iberoamericanas ha habido repúblicas -algunas veces muchas- en las que su presidente delega su representación en el vicepresidente o en un ministro. De igual manera podría hacerlo el Rey en el Heredero de la Corona con motivo de la próxima Cumbre Iberoamericana de Panamá, ya que el presidente del Gobierno acudirá por derecho propio. Pero no parece que sea imprescindible un «estatuto» para fijar ese tipo de delegaciones.

Y llegados a este punto, la gran cuestión es qué acomodo puede tener el pretendido «estatuto real» dentro de la Constitución. La aspiración de quienes jalean su promulgación es legislar entorno a la Corona más allá de lo que prevé la Constitución. Porque como ha quedado claro la ley orgánica de la que habla el artículo 57.5 tiene que ver con abdicaciones y renuncias, no con qué competencias puede tener el Príncipe Heredero en un momento en que el Soberano tenga limitados sus movimientos. A nadie puede ocultársele la gravedad de una iniciativa que aspira a poner limitaciones a lo que la Constitución dejó sin regular . Pero es que hay algunos que cuando no saben cómo hacerse notar intentan matar moscas a cañonazos tirando por elevación con pólvora del Rey.