Comienza en Barcelona uno de los mayores juicios por corrupción policial

Prostitución, proxenetismo, chivatazos, compra de agentes... A las nueve y media de la mañana de hoy comienza en la Audiencia Provincial de Barcelona uno de los mayores juicios por corrupción policial de cuantos se han celebrado hasta ahora en España, relacionado con las actividades de los prostíbulos Riviera y Saratoga, situados en la localidad barcelonesa de Castelldefels. En total, veinte personas se sentarán en el banquillo de los acusados, entre ellas cinco policías que formaban la cúpula de la Brigada Provincial de Extranjería , con su comisario jefe, Luis G., y dos inspectores jefes al frente.

La Fiscalía Anticorrupción pide la pena máxima, 44 años, para el entonces inspector jefe José Javier M.P., y 14 años para el comisario Luis G.G. y el inspector Andrés O.B . Asimismo, solicita de 13 a 22 años para los otros tres agentes supuestamente implicados en el grupo corrupto: Abundio N., José Manuel M. e Ignacio L. En la sesión de hoy está previsto que el fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo ponga en la sala una de las escuchas telefónicas obtenidas durante en la investigación en la que uno de los policías pide 3.000 euros a los responsables del prostíbulo a cambio de falicitarles información y de no hacer redadas en sus locales.

La Sala ha fijado el inicio de la vista oral después de tratar a mediados de julio las cuestiones previas, en las que algunas defensas solicitaron anular parte del sumario -incluidas las conversaciones telefónicas intervenidas e informes policiales- por falta de imparcialidad en la investigación de la causa, lo que fue recazado.

Según el fiscal, los propietarios y encargados de los macroprostíbulos se lucraron de 2002 a 2008 de la explotación de mujeres, algunas de ellas menores, en situación irregular . Las víctimas tenían que darles parte del dinero que conseguíany además eran sometidas a extenuantes jornadas de trabajo de once horas, siempre bajo el control de las «mamis».

Los responsables de los locales, por su parte, se garantizaban la seguridad por los chivatazos que recibían de los responsables de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Barcelona , en concreto el comisario jefe, dos inspectores jefes, un subinspector y un agente. Según las investigaciones, estos agentes alertaban a los dueños de los prostíbulos de las redadas que se iban a producir y de las inspecciones a las que iban a ser sometidos. De esta forma se garantizaban que no fueran multados por tener trabajando a inmigrantes irregulares, algunas de ellas menores. A cambio, los policías recibían importantes cantidades de dinero o ñpagos en especie, como podían ser relojes, el pago de tratamientos médicos o, incluso, la obtención de trabajo para sus hijos .

En 2007, el inspector jefe de la Brigada de Extranjería y Documentación, José Javier M.P., «se quiso sumar a dicho grupo delincuencial» al descubrir las actuaciones ilegales de sus compañeros y para desbancar de este negocio ilícito a su compañero Andrés O.B. José Javier M.P.también amenazaba a otros prostíbulos de Barcelona con hacerles inspecciones , hecho que obligaba a los propietarios de los clubes a ser asesorados por los abogados que el policía les recomendaba, y que exigían a sus clientes «cantidades de dinero desorbitadas», informa Ep.

El fiscal pide de 3 a 44 años por favorecimiento de la prostitución, pertenencia a organización criminal, asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo, revelación de secretos con grave daño a la causa pública, omisión del deber de perseguir delitos, aprovechar información privilegiada, falsificar documentos oficiales, extorsión en concurso medial con delito cometido por funcionario público contra derechos individuales, violación de información por razón de cargo, e infidelidad en custodia de documentos.