Mas reservará una partida para comprar las urnas de la consulta

9.331 urnas, 5.800 cabinas...

Así lo confirmó ayer la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega (UDC), que adelantó que la próxima semana se pondrá a trabajar al respecto con la Unidad de Procesos Electorales de la Generalitat. El propósito, explicó la número dos del Gobierno catalán, es saber con exactitud qué coste tendrá la consulta y qué material será necesario adquirir, como es el caso de las urnas, partiendo de la premisa de que las que se utilizan en las elecciones pertenecen al Estado, y que el Gobierno no va a cederlas.

El Ejecutivo catalán ya posee algunas urnas, por lo que hará un inventario de las que dispone, y el propósito es incluir lo que costarán las nuevas y la organización de la consulta en los presupuestos de 2014 , reservando una partida específica a tal efecto.

«Como Govern lo tenemos que prever: pediré una partida para cubrir los gastos que se puedan generar. Tenemos que actuar paso a paso, sin prisas, tener las cosas preparadas y hacerlas bien. Tendremos que hacer un concurso para dotarnos del material necesario, como urnas, que hasta ahora nos dejaba el Estado», Solo en las autonómicas se usaron en Cataluña 9.331 urnas y 5.800 cabinasagregó Ortega en una entrevista en Catalunya Ràdio. Solo en las autonómicas de 2012 se emplearon en Cataluña 9.331 urnas, 5.800 cabinas y 7.212.000 sobres y papeletas electorales.

Pese a que la celebración de la consulta puede parecer una posibilidad muy lejana, el Gobierno de Artur Mas trabaja sobre la hipótesis de que esta va a realizarse, bien sea tras pactarla con el Estado, bien sea bajo el amparo de la ley catalana de Consultas, que se comienza ahora a elaborar en el Parlamento autonómico. La otra posibilidad contemplada es la celebración de unas elecciones de tipo plebiscitario.

En este escenario, si el Ejecutivo autonómico comienza a trabajar ya en la logística, asuntos como el formato de la consulta, la fecha o la pregunta han sido objeto del análisis del Consejo Asesor de Transición Nacional, que el 25 de julio entregó a la Generalitat un voluminoso trabajo analizando todos estos aspectos. De hecho, es ese estudio, de más de 200 páginas , el que Artur Mas envió al presidente Mariano Rajoy junto a su carta de petición formal de la consulta.

En dicho trabajo, por ejemplo, se especula con la hipotética fecha para la celebración de la consulta –14 de septiembre de 2014 es la que se señala con más insistencia– así como las posibles respuestas legales y coercitivas que puede dar el Estado ante la misma, unas elecciones plebisciatarias y una hipotética y posterior declaración unilateral de independencia .

Por otra parte, prosigue el debate en ámbitos nacionalistas sobre el nivel de participación mínimo que debería tener dicha consulta para obtener legitimidad. Si en CDC se rebajaba hace pocos días el listón hasta el 50 por ciento, la vicepresidenta Ortega, que hasta ahora consideraba que como mínimo se tendría que alcanzar el número de sufragios de unas autonómicas, ayer se sumaba a las tesis convergentes y se conformaba con una participación ciudadana de mínimos.

Respuesta del Gobierno

Mientras tanto, el equipo del presidente del Gobierno está realizando «una cumplida lectura» del informe elaborado por el Consejo Asesor para la Transición Nacional con el que Mas acompañó la carta enviada a Mariano Rajoy reclamando la apertura de un diálogo sobre la consulta de soberanía. Lo aseguró ayer la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría , que calificó de «prolijo» el documento recibido en La Moncloa sin querer anticipar cuál será la contestación que recibirá el presidente de la Generalitat. «La carta llegó a finales de julio y el informe semanas después», se limitó a justificar dejando claro, eso sí, que la obligación del Gobierno es cumplir y hacer cumplir la Constitución española. No obstante, sí aseguró que habrá respuesta y que Artur Mas será el primero en conocer tanto su contenido como los argumentos que lo soporten, en aras a la «máxima lealtad institucional y diálogo».