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Los puntos del Tratado de Utrecht que Reino Unido vulnera en Gibraltar

Día 11/08/2013 - 12.16h
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Firmado hace 300 años y aún vigente, revisamos qué dicen exactamente sus disposiciones más polémicas con respecto al territorio y el mar del Peñón. ¿Deben actualizarse?

Se vuelve a hablar de Gibraltar. Algo que no ha dejado de pasar desde que al finalizar la Guerra de Sucesión española, en 1713, se firmara el polémico Tratado de Utrecht por el que el Rey Felipe V cedía el Peñón a los ingleses «para siempre». Desde entonces, España ha intentado recuperar sin éxito este enclave estratégico de 6,8 kilómetros cuadrados y 31.000 habitantes, sin importar si nos encontrábamos en una república, una dictadura o bajo un gobierno del PSOE o del PP.

En el siglo XVIII, diferentes regímenes sometieron Gibraltar a terribles asedios con este propósito. En el más importante de ellos, entre 1779 y 1783, murieron más de 5.000 españoles, por 1.900 soldados británicos. En 2009, el entonces ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, aseguraba que la reclamación de la soberanía sobre Gibraltar por parte de España era «irrenunciable». Y el último en alzar la voz ha sido José Manuel García Margallo, al anunciar medidas sobre la colonia, como la introducción de una tasa para cruzar la frontera o cerrar el espacio aéreo a los aviones que utilicen el aeropuerto británico del Peñón. «Con Gibraltar se ha acabado el recreo de la época de Moratinos», ha asegurado.

Aunque no se puede cuestionar la vigencia del Tratado de Utrecht, ¿qué dice exactamente? ¿Qué se establecía en sus disposiciones? ¿Deben revisarse? ¿Has sido respetados por Gran Bretaña los puntos básicos de este tratado con 300 años de antigüedad que nunca ha dejado de estar de actualidad?

Jurisdicción territorial

El famoso artículo X dice: «El Rey Católico [Felipe V], por sí y por sus herederos y sucesores, cede por este Tratado a la Corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillos de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen, dando la dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno».

Sin embargo, hoy en día la definición del territorio cedido es objeto de disputa en lo que se refiere a la tierra, el espacio aéreo y el mar, precisamente porque el tratado establecía que la propiedad se cedía «sin jurisdicción territorial y sin comunicación abierta con el país circunvecino por parte de tierra».

Esto quiere decir que, aunque el Reino Unido tiene un título válido de soberanía, habría que resolver el problema de su alcance territorial, pues en el artículo X no se establecía una línea fronteriza, ni posteriormente se realizó una demarcación. Decía que eran británicos la Ciudad, el Castillo y las edificaciones agregadas en 1704. Pero ¿qué ocurre con las ampliaciones del terreno que se llevaron a cabo en años posteriores? España ya mostró su oposición a la presencia británica en la lengua de tierra y objetó la construcción del aeropuerto en 1938, pues se encontraban fuera de la demarcación establecida en Utrecht.

Comunicación por tierra

Para «evitar abusos y fraudes en la introducción de las mercaderías», el tratado también fijaba que «la comunicación por mar con la costa de España no puede estar abierta y segura en todos los tiempos». Esto aislaba por tierra a Gibraltar, a la que dejaba abastecerse del mar para su propia subsistencia, pero no comerciar con lo obtenido. Y en tiempos de «grandes angustias», permitía a sus habitantes comprar alimentos en territorio español solo para su consumo propio.

Según esta disposición, España mantuvo aislado a Gibraltar hasta 1985, cuando, en el contexto de nuestra incorporación a las instituciones europeas y a la OTAN, se intentó atraer a los gibraltareños a posiciones más favorables a nuestra causa y para favorecer el desarrollo del conjunto de la región. Sin embargo, estos pasos para facilitar los intercambios no han producido avances significativos hacia el objetivo de recuperar el territorio. Más bien al contrario, ya que Gran Bretaña, además de haber consolidado su estatuto político autónomo, ha ido reforzando la economía de la colonia y sigue trabajando para convertir a medio plazo convertir el Peñón en un centro de negocios, en contra del espíritu del Tratado de Utrecht.

En los últimos tiempos, la gran obsesión del Gobierno británico ha sido consagrar que las aguas que rodean el Peñón son de soberanía inglesa, algo que España no acepta, porque en Utrecht sólo se cedieron las aguas del puerto de Gibraltar. Por eso, el Gobierno de David Cameron, alentado por los «llanitos», no pierde ocasión para denunciar supuestas violaciones de esas aguas por parte de embarcaciones españolas.

El fin de la cesión

El tercer pacto establecido en Utrecht es el más importante, ya que aludía a que España tiene prioridad para dar por terminada la cesión si Gran Bretaña intentara «dar, vender o enajenar de cualquier modo la propiedad de Gibraltar». En este sentido, el Gobierno británico ya ha decidido «enajenar» su colonia. Obviamente no a una potencia extranjera, pero sí a la población del Peñón mediante las ambiguas concesiones que se les ha hecho.

Por un lado, la Constitución gibraltareña de 1969 y, por otro, las reformas adheridas en 2006, en las que se introducía el derecho de autodeterminación de los gibraltareños, aunque condicionara éste a «los tratados existentes», tal y como exigía España. Si hiciéramos caso al Derecho Internacional e interpretáramos correctamente el artículo X del Tratado de Utrecht, la cesión de España habría terminado y tendría que recuperar los derechos soberanos sobre el territorio cedido.

No hay que olvidar que el susodicho artículo considera a este pedazo de tierra como un punto de apoyo estratégico sin dimensión demográfica, por lo que en él nada se dice de su población. De ahí que dispusiera la reversión a España si Gran Bretaña lo abandonara. Esto no solo se impide la transferencia a un tercer país, sino también a un Gibraltar independiente, algo que avalan las Naciones Unidas en su resolución 2253 de 1967.

Tres siglos de vigencia de un tratado que jamás se ha revisado y por el que no han dejado de sucederse episodios de tensión entre el Gobierno español y británico, en una relación que el historiador y escritor Federico Sánchez Aguilar calificó como la «herida abierta» de España.

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