Justicia refuerza con 10 millones de euros los juzgados que investigan corrupción

En su contestación, a la que tuvo acceso Europa Press, el Ejecutivo explica que, al margen de las medidas que tiene previsto implementar para una «adecuada» reforma de la legislación en la lucha contra la corrupción y la presentación de nuevas propuestas legislativas, tiene «la voluntad política» de articular instrumentos «prácticos» que doten de «mayores y más eficaces» recursos a las instancias dedicadas a la prevención y a la persecución de este tipo de casos.

Así lo aseguró ya el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso el pasado mes de abril y en respuesta a una pregunta que le dirigió el presidente portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Cayo Lara.

El Gobierno, a la espera

En este sentido, destaca que no sólo se ha enviado personal de apoyo a los tribunales afectados, sino que el pasado 1 de marzo, el presidente de la Audiencia Nacional dirigió una carta de agradecimiento al Ministerio de Justicia por «la especial sensibilidad » que se viene mostrando en relación con la asignación de recursos materiales y humanos a la Audiencia Nacional.

En todo caso, el Gobierno recalca que el departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón está «a la espera» de que el presidente del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, le concrete las necesidades de los Tribunales Superiores de Justicia que lleven estas causas para atenderlas «prioritariamente» , y lo mismo con la Fiscalía Anticorrupción.

El CGPJ ya solicitó el pasado mes de abril al Ministerio de Justicia al menos 64 jueces, 18 secretarios judiciales y 150 funcionarios de apoyo para reforzar los juzgados españoles que tramitan asuntos de especial complejidad, en concreto los que se hacen cargo de delitos relacionados con la corrupción, que calcula que son 798 en todo en territorio nacional.

También más medios materiales

En la respuesta remitida a la formación magenta, el Gobierno precisa que en el año 2012, y a pesar del momento de dificultad económica, el Ministerio de Justicia atendió el 94 por ciento de las solicitudes de refuerzo de órganos jurisdiccionales con un coste de 7,6 millones de euros «no habiéndose denegado ninguno, ni el orden penal, ni en la Audiencia Nacional».

Asimismo, añade que el coste de las medidas de apoyo o refuerzo en las Fiscalías asciende a algo más de 2 millones de euros y que el gasto para el personal (distinto de juez o fiscal) de la Audiencia Nacional fue de más de 450.000 euros.

Además de los refuerzos personales, el Gobierno señala que también los ha habido de carácter material : solicitudes de discos duros, ampliación del servicio de traducción (sobre todo en la Audiencia Nacional «cuando los medios propios no son suficientes y dada la urgencia») y la puesta a disposición de material informático con capacidad especial cuando se solicita.