El Gobierno aprobará la reforma local el 19 de julio

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El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha anunciado que el Gobierno aprobará el próximo 19 de julio en Consejo de Ministros el proyecto de ley de reforma de la administración local, una iniciativa en la que lleva más de un año trabajando y que espera que pueda entrar en vigor en enero de 2014.

El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas trabaja ahora en adaptar el texto a las consideraciones realizadas por el Consejo de Estado en su informe sobre esta iniciativa, un texto en el que advierte de riesgos de inconstitucionalidad por limitar la autonomía local y en el que exige una mejor regulación del llamado coste estándar, una de las columnas vertebrales de la ley, que exigirá a los municipios prestar sus servicios sin sobrepasar un determinado coste.

Beteta ha hecho este viernes una lectura distinta de las conclusiones del informe y ha confesado que le «encantó» el documento al interpretar que reconoce «como constitucionales» los «conceptos esenciales de la ley». «¿Cómo no va a estar uno contento?», argumentó. Así se ha pronunciado Beteta en declaraciones tras ofrecer una conferencia en el Campus FAES en Guadarrama (Madrid). «Me encantó el informe, lo encontré fantástico», ha dicho.

«Una recomendación, no un obstáculo»

A su juicio, el órgano consultivo avala asuntos clave de la reforma, como la potestad del Estado para «definir» las competencias municipales, la supresión de las competencias impropias o la obligación de formalizar convenios y de pagarlos para el traspaso de competencias y servicios entre administraciones. «Cuando todos los conceptos esenciales de la ley están reconocidos como constitucionales y habían sido cuestionados por las Comunidades Autónomas en sus alegaciones, ¿cómo no va a estar uno contento? Naturalmente que sí», ha dicho. Beteta ha añadido que lo que el órgano consultivo hace además es una «recomendación, que no obstáculo para la tramitación». «El Consejo de Estado dice que tal y como está se puede tramitar», ha insistido.

Entre otros aspectos, se dará una redacción más exhaustiva al coste estándar. Según ha dicho Beteta, ya estaba previsto detallar este mecanismo, pero a través de un decreto ley posterior; al solicitarlo el Consejo de Estado, este desarrollo normativo se incluirá ahora en el proyecto. «Se tendrá en cuenta al calcular el coste el número de habitantes, la dispersión, las características del municipio, la densidad; en definitiva, reconocer que en una España variada con 8.117 municipios, de los que solo 400 tienen más de 20.000 habitantes, los costes son necesariamente diferentes. Lo pensábamos regular en una norma de desarrollo, lo incluiremos en esta», ha dicho.

Cambio de mentalidad

El secretario de Estado también ha defendido la reforma general en la Administración pública que quiere emprender el Gobierno. El principal cambio, ha añadido, «se llama reformar a los administradores, el modo de ser, de pensar», ha defendido. Ha asegurado que a ello se dirige la ley de estabilidad presupuestaria, que obliga a la reducción del déficit y a que las cuentas de ingresos y gastos cuadren. Y ha destacado las medidas tomadas alrededor de esta norma para poner el contador a cero de las administraciones, como el Fondo de Liquidez Autonómica o los planes de pago a proveedores. En total, 43.000 millones de euros que han pagado, entre otras cosas, 5 millones de facturas atrasadas.

Antonio Beteta ha puesto el acento en la necesidad de asumir la austeridad como principio rector en la administración pública, «porque no es un invitado, sino un miembro de la familia». «Ha venido muy deprisa, casi obligada, quizá no ha sido fruto de la reflexión, pero ha venido para quedarse», ha dicho.