Aguirre aboga por despolitizar la Justicia «como vacuna contra la corrupción»

La expresidenta madrileña ha defendido una mayor «celeridad» en la resolución de los procesos judiciales, especialmente en los casos de corrupción política, así como la «unidad» del sistema judicial con la devolución de las competencias al Estado.

Tras señalar que la mejora del funcionamiento del sistema judicial es una «palanca fundamental» para impulsar la recuperación económica , Aguirre ha criticado que la Justicia española presente un «déficit de independencia» y que la politización del sistema judicial ha sido una «constante» desde la aprobación en 1985 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, impulsada por los socialistas.

Ante esto, ha apostado por revisar los mecanismos de acceso a la judicatura y dejar en manos de los propios jueces la organización del sistema para alcanzar «la independencia que le es inherente», puesto que, ha lamentado, «España ocupa el puesto 60 del ránking mundial de la independencia judicial» .

La dirigente popular considera que erradicar la politización de la Justicia sería «una magnífica vacuna para acabar con la corrupción», puesto que «no puede ser que las resoluciones de los tribunales, con el Superior a la cabeza, sean siempre previsibles». «Es intolerable que las resoluciones judiciales tarden décadas», ha apostillado también Aguirre, para quien es «especialmente grave» en los casos de corrupción política, en los que pide mayor «celeridad» para que «políticos honrados no se vean en la picota durante años» y que, para cuando se dicte sentencia, ya los haya condenado la opinión pública y que en el caso de los culpables «nadie se acuerde de sus delitos quince años más tarde».

Como ejemplo de la «lentitud» de la Justicia, ha citado el caso Pallerols, ligado a la financiación ilegal de UDC, que ha tardado 14 años en juzgarse, el caso Filesa durante el Gobierno socialista de Felipe González, que ha tardado 15 años y todavía queda «una pieza separada» del mismo, y el caso Gürtel que se inició la instrucción en 2009 y estando «en 2013 todavía no lleva camino de cerrarse».

También ha mencionado el caso Palau, el «gravísimo» caso Faisán y el de Iñaki Urdangarín, en el que opina que «por el bien de las instituciones sería bueno que se hiciera justicia cuanto antes». Finalmente, la dirigente popular ha defendido la «unidad» del sistema judicial ya que cree que devolver al Estado las competencias en materia de Justicia sería «un paso positivo» a la hora de mejorar el funcionamiento del sistema.