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La Junta maquilló en más partidas de sus cuentas otros 18 millones para falsos ERE

Se trata de supuestas ayudas concedidas entre 2000 y 2004, cuando el diputado del PSOE Viera era consejero de Empleo

La Junta maquilló en más partidas de sus cuentas otros 18 millones para falsos ERE Díaz Japón

Mercedes benítez

Que la juez instructora de los falsos ERE, Mercedes Alaya , estaba investigando más allá de la partida presupuestaria 31-L —bautizada por el exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero como «fondo de reptiles»— ya era sabido. La novedad descubierta ahora por la juez es que pudieron existir otros «fondos de reptiles» y otras subvenciones bajo sospecha de la Guardia Civil, que ahora la instructora ha decidido investigar. Y también, que la Intervención General del Estado, a la que la instructora pidió que realizase su propia investigación porque no se fiaba de la que había llevado a cabo la Junta de Andalucía, ha sido la que ha detectado que el dinero se daba con cargo a otras partidas. En conclusión, podían existir otros «fondos de reptiles» dentro de la administración andaluza, cifradas en principio en unos 18 millones de euros.

Por ello, la juez investiga ahora otras partidas y ha solicitado a la Junta de Andalucía que le envíe al juzgado la documentación relativa a ellas. En un auto firmado por la magistrada el pasado día 23, al que ha tenido acceso ABC, la magistrada asegura que tras recibir el oficio de la Intervención General del Estado «se ha observado que las subvenciones objeto de estudio han sido concedidas no solo con cargo a la partida 31-L ».

En este caso, se trata de otras cuatro subvenciones por un montante que supera con creces los 18 millones de euros y que fueron concedidas con cargo a otras partidas presupuestarias, aunque todas ellas bajo las cuentas de la misma Consejería de Empleo donde se fraguó el mayor foco de corrupción conocido de la Junta de Andalucía. Concretamente se trataría de subvenciones otorgadas entre los años 2000 y 2004, coincidiendo con la época en la que José Antonio Viera , diputado nacional del PSOE, y por tanto aforado, era consejero de Empleo andaluz.

En primer lugar, se refiere a una ayuda concedida en el año 2000 con cargo a la partida 62-A de Fomento Industrial por valor de 3.251.938 euros. Luego Alaya se interesa por otra subvención dada en el año 2003 con cargo a la partida 54-B de Desarrollo Tecnológico por valor de 1.478.410 euros, así como una segunda subvención con cargo a la misma partida de 10.500.000 euros otorgada en el año 2004. E igualmente investiga una modificación presupuestaria realizada por el Servicio Andaluz de Empleo el 30 de diciembre del año 2004 por valor de 2.994.876 euros.

Por todo, la juez solicita a la Junta de Andalucía que aporte toda la documentación relativa a los expedientes correspondientes a esas subvenciones completas dadas como ayudas sociolaborales a empresas. En este sentido, Alaya reclama la convocatoria de ayudas, solicitud de las mismas, resolución de la concesión, los convenios firmados y cualquier otra documentación contenida en los expedientes. También, los documentos contables utilizados en la tramitación de dichos expedientes y especialmente los libramientos de pago realizados a instituto andaluz de fomento IFA/IDEA. Y a este último organismo también le requiere para que le haga llegar los pagos realizados a los beneficiarios de las ayudas con los fondos recibidos en la tramitación de esos expedientes. Y finamente «cualquier otra documentación» relativa a esos pagos.

En cualquier caso, la juez requiere a la Junta de Andalucía para que le remita un nuevo desplegable con todas las ayudas otorgadas por el IFA/IDEA en la década 2001-2010 .

El hecho de que la magistrada investigue ahora las ayudas concedidas con cargo a otra partida es relevante a juicio de los investigadores porque revela cuál era el «modus operandi» durante aquellos años en la Junta de Andalucía.

Según las pesquisas policiales, todo indica que la Consejería de Empleo se comprometía con las empresas en crisis a darles unas ayudas. Y luego, a posteriori, buscaba el dinero. En este caso, cuando se acababa la famosa partida presupuestaria 31-L, recurría a otras partidas disponibles en la Junta de Andalucía con las que poder dar el dinero a quien creía conveniente. Estos nuevos datos se conocen cuando la instructora acaba de levantar el secreto del sumario que ha pesado sobre la investigación durante seis meses.

Ayer el juzgado estaba notificando a las partes la documentación acumulada durante este tiempo con declaraciones, autos y atestados policiales. En total unos cincuenta tomos con miles de folios.

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