Castro ordena a la Agencia Tributaria que investigue si la Infanta cometió un delito fiscal

El auto de Castro ordena a la Agencia Tributaria que rastree todas las cuentas corrientes de las que la Infanta Cristina sea titular o en las que aparezca como apoderada, así como sus bienes muebles e inmuebles, fondos de inversión, activos financieros y depósitos de los que disponga. En realidad, buena parte de ese trabajo ya lo ha realizado Hacienda que, de hecho, tiene pendiente de incorporar el informe definitivo sobre este caso. En el preliminar, de febrero, ya concluyó que no se podía imputar a la Duquesa de Palma delito fiscal alguno y, salvo que aparezca algún dato nuevo en el último momento, mantendrá el mismo criterio en el documento definitivo, que se espera presente en breve.

De hecho, según ha sabido ABC ya se han realizado de forma preliminar todo tipo de cálculos en función de los datos que se dispone y la conclusión a la que se llega es la misma que en el primer informe presentado por los peritos de la Agencia Tributaria. Por ello, las fuentes consultadas consideran muy improbable que se produzca la imputación de la Infanta por delito fiscal , y mucho más por supuesto blanqueo de dinero.

En la misma resolución Castro acuerda incorporar a la causa las declaraciones de la Renta de Doña Cristina. Las fuentes consultadas por ABC aseguran que el primer análisis de las mismas confirman que son «impecables» , y que en ellas constan tanto sus ingresos como empleada de La Caixa como sus ingresos de la Casa Real. Hay que recordar que la Infanta nunca ha hecho trabajos que facturara a través de Aizoon, la sociedad que comparte con su marido, Iñaki Urdangarín.

El instructor, además, insta a la Agencia Tributaria a que indague si la Duquesa de Palma hizo uso de los fondos de Aizoon , procedentes del Instituto Nóos, para la rehabilitación del chalé de Pedralbes que comparte con su marido, así como para otras atenciones personales y familiares.

No son las únicas diligencias que solicita el magistrado, ya que solicita un informe a Hacienda en el que determine las cuotas que la mercantil, propiedad al 50 por ciento del matrimonio, tributó entre los años 2007 y 2010 , computando tanto los ingresos declarados como los que habrían sido ocultados a Hacienda. Así, solicita un estudio de los gastos efectuados por Aizoon y, una vez fijada la base imponible, se valore los ajustes, deducciones, retenciones o pagos fraccionados que podrían haberse efectuado de forma improcedente. Realizadas estas operaciones, los inspectores de Hacienda deberán calcular la cuota íntegra y líquida correcta y la diferencia con las declaradas.

De forma paralela, el instructor reclama al fisco que cuantifique la cuota del IRPF presuntamente defraudada por Urdangarín en 2007 y 2008, ejercicios en los que el Duque habría defraudado a Hacienda al menos 240.000 euros al utilizar a Aizoon como «pantalla» para tributar gastos como los de su propio servicio doméstico o los de su asistenta personal, con el objetivo de beneficiarse de un tipo impositivo inferior (el aplicado a las sociedades).

Ante la complejidad de estas operaciones, Castro propone asimismo a la AEAT que le sea adscrito a su Juzgado el funcionario del Cuerpo de Vigilancia Aduanera que ha trabajado en el marco de estas pesquisas, con el objetivo de que le asesore e informe en materia tributaria y de blanqueo de capitales.