El Gobierno unificará los complementos específicos de los funcionarios municipales
La medida, que supondría un ahorro de 870 millones de euros, ya ha sido comunicada a Bruselas
paloma cervilla
El Gobierno tiene previsto ahorrar 870 millones de euros unificando los complementos específicos de los funcionarios municipales, según desvelaron ayer fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Este departamento ministerial ha negado que ello suponga un recorte en el sueldo de estos funcionarios de ... las Administraciones locales.
La medida ya ha sido comunicada a Bruselas y forma parte del Plan Nacional de Reformas, así como de la reforma local que hoy será debatida en el seno de la Comisión Nacional de Administración Local. Precisamente ayer, las modificaciones incluidas en esta reforma fueron explicadas al presidente de la Federación española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, y al vicepresidente, Fernando Martínez Maíllo, en un encuentro en el que también estuvieron presente dirigentes del Partido Popular.
Hacienda quiere evitar estos desajustes y va a establecer un tope económico que será aplicado a todos los funcionarios por igual. La partida presupuestaria destinada a estos complementos específicos estará recogida en los Presupuestos Generales del Estado del próximo año.
«Ineficiencias» en más de 5.500 municipios
Por otra parte, la aplicación de esta reforma local podría derivar en la desaparición de 5.586 ayuntamientos de menos de cinco mil habitantes, en los que el Gobierno ha detectado una serie de «ineficiencias». Fuentes ministeriales han admitido que el 92 por ciento de los 6.797 municipios de menos de cinco mil habitantes, que representan el doce por ciento de la población española, unos seis millones de ciudadanos, podrían terminar siendo absorbidos por las diputaciones a partir del 1 de enero de 2014.
Igualmente, si se detectan este tipo de ineficiencias en los ayuntamientos de ciudades de más de veinte mil habitantes, el Gobierno admite que estará obligado a aplicar la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La primera consecuencia es la obligación de realizar un Plan de Ajuste y, si no se puede cumplir, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas determinará su intervención.
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