Casi un millón de letrados europeos, contra las tasas judiciales de España

Simon considera que los motivos alegados por Justicia para promulgar esta ley son inconsistentes. «Ni la intención disuasoria de una litigiosidad injustificada ni la de financiar el servicio de la Asistencia Gratuita bastan para ello. La Justicia es un servicio de naturaleza exclusivamente pública y constituye un bien general, por lo que debe ser financiada fundamentalmente con impuestos directos», señala.

La federación se muestra igualmente «preocupada» por otras reformas y proyectos legislativos que está llevando a cabo el Gobierno, «como la reducción del número de jueces, la reducción de garantías tras la detención o el cobro de tasas administrativas por recibir documentación ya obrante en registros públicos (impropiamente llamada privatización del Registro Civil)». Pero sobre todo critica que no se haya producido un proceso negociador sobre las materias reformadas con el Consejo General de la Abogacía Española y los colegios de abogados españoles.

Los abogados europeos aseguran que «no pueden permanecer impasibles», dicen, ante los «ataques que los pilares fundamentales del Estado de Derecho», como el acceso a la Justicia, «están sufriendo en toda Europa».