Un juez de la Audiencia dice que había «soluciones más suaves» que el decreto andaluz

En este sentido, ha señalado que «de hecho se han formulado muchas propuestas por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)» y «por parte de la Defensora del Pueblo» encaminadas a «facilitar» la situación de aquellas personas que están en un contexto «excepcional». «El que se acuda a una medida coactiva, a una medida que supone el que tu pierdes la propiedad aunque sea por tres años, eso supone una lectura de carácter ideológico», ha agregado.

«Este decreto ley opta por una medida que tiene un calado ideológico indudablemente, que es directamente acudir al derecho de propiedad cuestionándolo o delimitándolo mediante la expropiación y la sanción. Eso tiene un alcance y una lectura de tipo ideológico en la cual yo no voy a entrar ahora. Creo que se podían haber hecho otras cosas», ha insistido.

Para el magistrado de la Audiencia Nacional, hay que «poner claro y definir cuál es el contenido esencial de la propiedad» y «hasta qué punto una medida de esta naturaleza puede llevar a que la propiedad como tal quede en entredicho». «Esto necesita obviamente muchísimas matizaciones», ha indicado.

Así, ha planteado «hasta qué punto una comunidad autónoma puede regular el contenido esencial del derecho de propiedad». «Otra cosa es que pueda adoptar medidas puntuales expropiatorias. Eso nadie lo pone en duda, pero de ahí a regular un aspecto que debe ser común para toda España y que debe quedar bien claro que en toda España hay un régimen de propiedad inmobiliaria común, pues hay cierta distancia. Esta es de las principales críticas», ha manifestado.

Según Requero, «una de las principales pegas» que tiene este decreto ley es «que regule aspectos que afectan al contenido esencial del derecho de propiedad» porque, a su juicio, de ello se traduce que el «contenido esencial de la propiedad va a ser diferente en una parte de España respecto del resto del país». «La solución que ha dado algún partido político es extender ese régimen a toda España. Ya nos meteríamos en otra cuestión. Hasta qué punto es acertado acudir a la expropiación y a la sanción para solucionar necesariamente este problema», ha destacado.

Al ser preguntado sobre si la función social delimitaría el derecho a la propiedad, ha contestado que «desde luego que sí» porque la propia Constitución lo establece así. «Dice cuáles son sus contornos y cuál es su contenido. Define qué es la propiedad y eso como tal quien tiene que hacerlo es el Estado, no puede hacerlo una comunidad autónoma porque entonces se es propietario de diferente manera en un sitio o en otro en función de donde viva cada españolito», ha insistido.

Además, ha advertido de que «España puede crear una situación donde el derecho de propiedad dé lugar a abusos en la aplicación de este tipo de medidas que, por definición, tienen que ser muy excepcionales». «Acudir a términos tan etéreos como pueda ser por ejemplo la exclusión social... Eso hay que concretarlo mucho», ha indicado. «El decreto ley se preocupa de concretarlo. También lo concretaba, por ejemplo, el código de buenas prácticas de la banca en relación con las ejecuciones. Ahí el problema que tenemos es que realmente esas situaciones excepcionalísimas sean reales. A partir de ahí, podemos ver si ese tipo de medidas excepcionales se aplican con rigor y no cayendo en el abuso», ha concluido.