La Ertzaintza impide el acoso en su propia casa a un diputado del PP en San Sebastián

Lo que sí se ha permitido finalmente es que dos miembros del colectivo, previamente identificados, se acercaran hasta el buzón de la casa de Azpiroz para depositar una carta de adhesión a la Iniciativa Legislativa Popular que se tramita en el Congreso.

Mikel Sánchez ha explicado a los periodistas, en nombre de «Stop Desahucios Guipúzcoa», que han recibido la comunicación del Departamento vasco de Seguridad dos horas antes de la celebración de la medida de presión, convocada para las 18:00 horas de esta tarde.

Ha señalado que en el escrito, que firma el director de la Ertzaintza, Gervasio Gabirondo, se da la opción a este colectivo de efectuar una nueva convocatoria en otro lugar a una distancia al menos de 300 metros del domicilio de Azpiroz. Sánchez ha precisado que sabían que en esa dirección del barrio donostiarra de Amara se encuentra el despacho profesional del diputado popular, pero desconocían que tuviera allí también su domicilio.

Ha indicado que habían notificado al Departamento de Seguridad la convocatoria de la concentración y que, en su respuesta, se les hace saber que ese emplazamiento «coincide» con el domicilio y lugar de trabajo del político. Ha añadido que recurrirán la resolución y que, de tener la razón de su lado, harán la protesta prevista inicialmente, sustituida por una concentración en la plaza de Irun, en el mismo barrio, tras haberse reunido antes frente a una sucursal de Kutxabank y de haber recorrido algunas calles de la zona coreando consignas contra los desahucios.

El portavoz de «Stop Desahucios Guipúzcoa» ha mostrado su disconformidad por los términos en los que se ha justificado la prohibición de la concentración, ya que el responsable de la Ertzaintza habla de «un ataque no potencial, sino real, a la integridad moral, no sólo de la persona directamente afectada, sino también de su entorno familiar y laboral, y por ende privado».

Agrega que esos domicilios son «ajenos» a la labor de Azpiroz como representante político, el cual «sufriría con tal actitud intimidatoria una injustificada injerencia». Sánchez ha denunciado que se están intentando «criminalizar este tipo de acciones» que desarrollan los colectivos contra los desahucios con el fin de pedir que no «se desvirtúe» la ILP.