fuerteventura
Imputados 9 guardias civiles por tráfico de drogas, detención ilegal o torturas
Los agentes fueron detenidos en el marco de la operación «Botavara», que cuenta con 21 detenidos hasta el momento
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Los guardias civiles detenidos en el marco de la operación «Botavara», desarrollada el pasado mes de febrero en Fuerteventura, están imputados, en concreto, por delitos de tráfico de drogas, contra las garantías constitucionales, detención ilegal, falsedad documental en diligencias y actas, así como torturas, amenazas ... y coacciones, y omisión del deber de perseguir delitos. «Un elenco del Código Penal en el que quedan pocos sin tocar», señaló el coronel jefe de la Comandancia de Las Palmas, Ricardo Arranz, que matizó que no se le imputan a todos los mismos delitos porque «cada uno tiene su grado de participación», al igual que los civiles arrestados en esta investigación.
La operación «Botavara» en la que se han detenido hasta el momento a un total de 21 personas, de las que 9 pertenecen al cuerpo de la Guardia Civil, se encuentra abierta y bajo secreto de sumario, según puntualizó la delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, quien añadió que la rueda de prensa ofrecida este miércoles se hace bajo el consentimiento del Juzgado de Instrucción Número Dos de Arrecife (Lanzarote), que se encarga de las diligencias.
En concreto, de las 21 personas detenidas, 9 son guardias civiles (dos cabos y siete agentes), de los que cinco han ingresado en prisión provisional, dos están en libertad con cargos y los otros dos se encuentran con imputaciones. En cuanto a los 12 civiles arrestados (dos de nacionalidad marroquí), dos se encuentran en prisión, 9 en libertad con cargos y uno en libertad sin cargos. Respecto al material incautado en esta operación ascendió a casi 1.000 kilos de hachís, así como vehículos, materia informático, teléfonos móviles y diversa documentación. De todos modos, Arranz apuntó que además de dedicarse al alijo de drogas, actuaban principalmente al «trapicheo al por menor», sustancias que vendían en Canarias.
Esta operación, reconoció Arranz, ha sido «dolorosa» para la Guardia Civil, por el hecho de que estén implicados agentes del cuerpo, y afirmó que en el ámbito de Canarias se puede considerar que es la operación más grave que se ha producido dentro de la Benemérita.
Complicado control operativo
La investigación se remonta a noviembre de 2012, cuando jefes de la Guardia Civil de la provincia de Las Palmas tienen conocimiento de posibles irregularidades en el comportamiento y servicio de ciertos agentes del puesto de Corralejo, en Fuerteventura, momento en el que se ordena el inicio de la operación de forma conjunta con la Unidad Orgánica de la Policía Judicial y del Grupo de Información.
Así, en un primero momento, la principal hipótesis con la que se trabajó se centraba en la comisión de delitos relacionados con el tráfico de drogas en Lanzarote, es entonces cuando los hechos se ponen en conocimiento del Juzgado Número Dos de Arrecife. Posteriormente, se recabó información y se realizó el control operativo de la investigación que, afirmó Arranz, fue «muy complicado» debido a que los agentes conocen las técnicas de la Guardia Civil pero finalmente identificaron a los agentes que actuaban en dos grupos, uno de ellos se denominaba 'Grupo 7', en relación a una película española con el mismo nombre. Este grupo estaba compuesto por seis agentes.
En relación al 'Grupo 7', compuesto por seis agentes, Arranz explicó que se servían de su profesión para realizar «irregularidades durante el servicio» para amparar el hecho delictivo, y además presumían de ser eficaces ante sus mandos. Al respecto, indicó que esta forma de actuar implicaba que algunos de los delitos que cometían, lo hacían con el uniforme de la Guardia Civil.
Asimismo, incidió en que la 'organización' delictiva estaba dirigida por este grupo, compuesto por guardias civiles, y señalaba que han estado operando meses aunque no especificó cuántos. Entre las características del grupo, según el coronel jefe de la Comandancia de Las Palmas se encontraba que estaban «muy seguros» y que uno de los ahora detenidos, ya se le estuvo investigando por delitos de droga cuando estaba destinado en la isla de Tenerife.
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