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caso gürtel

Camps se reencontrará con el caso de los trajes 14 meses después de su absolución

El primer jurado popular que se ocupó de políticos aforados se decantó por el «no culpables» tras un mediático juicio de 26 sesiones

Camps se reencontrará con el caso de los trajes 14 meses después de su absolución efe

s.e.

El Tribunal Supremo revisará el próximo 9 de abril la absolución del expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y del exportavoz del PP en las Cortes valencianas Ricardo Costa, tras aceptar ayer el recurso de casación que presentó el PSPV-PSOE.

Esta decisión reabre el caso de los trajes, la acusación a ambos políticos de haber recibido regalos de la trama Gürtel, catorce meses después de que un jurado popular dictaminara su absolución por un estrecho margen: cinco votos a cuatro. Entendieron tras veintiséis sesiones de juicio que Camps y Costa no cometieron el delito continuado de cohecho impropio que les imputó la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular.

Camps y a Costa se sometieron a un juicio de 26 sesiones después de dimitir el primero como presidente de la Generalitat en julio de 2011 y el segundo ser relevado como número dos del partido y como portavoz del PP en Las Cortes Valencianas. El mediático proceso, conocido como «juicio de los trajes» terminó con un veredicto de «no culpables» tras dos días de deliberación del jurado.

La tesis de la Fiscalía

Según la Fiscalía Anticorrupción, Camps recibió 22 prendas valoradas en 13.121 euros y Costa otras 16 que costarían 10.000 euros. El autor de los obsequios sería Álvaro Pérez«El Bigotes», el líder de la sucursal valenciana de Francisco Correa.

El tribunal popular consideró que no existía ningún documento legal para desacreditar que ellos mismos pagaran las prendas que adquirieron en las tiendas de Milano y Forever Young. Además, calificaron su relación con los supuestos cabecillas de la trama Gürtel como «meramente comercial».

El jurado -constituido por primera vez en España para juzgar a un aforado- afirmaba que el documento que recogía una relación de nombres asociados a diferentes importes, entre los que figuraban los acusados, no tiene «credibilidad» alguna, y además, los documentos de pago emitidos por las tiendas no se pueden vincular a los acusados.

Asimismo, y aunque el delito por el que se les juzgó no preveía este supuesto, no estaba en la acusación, la mayoría de los miembros del tribunal consideró que ni Camps ni Costa tenían competencia alguna en la adjudicación de contratos públicos, tal y como suscribieron los funcionarios que declararon como testigos en la vista oral.

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