Esta es una de las medidas contempladas en una reforma con la que el Gobierno estima que podría alcanzar un «ahorro potencial» total de 7.628 millones de euros entre 2013 y 2015. Eso sería posible gracias a otras novedades, como la eliminación del personal de confianza en los ayuntamientos más pequeños (6.797 con menos de mil habitantes no podrán contar con cargos de este tipo) o la regulación de los sueldos de los alcaldes.
Con respecto a la limitación de eventuales en las corporaciones locales, Montoro ha destacado también que afectará a las más grandes, donde no podrán superar el 0,7% de la plantilla. Sobre las retribuciones de los alcaldes, se fijarán con arreglo a los límites establecidos en una tabla que sitúa el sueldo en relación con el volumen de población del municipio. Así, el salario máximo posible para el edil de una ciudad que supere el medio millón de habitantes será el igual al de un secretario de Estado, que según el ministro de Hacienda está en el entorno de los 100.000 euros.
Fin a las competencias impropias
La reforma de la Administración local, ha dicho la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, es «una ley clave» en el ámbito local, que consagrará el principio de «una administración, una función» para evitar duplicidades y confusiones competenciales, racionalizará las cuentas «buscando el equilibrio financiero» y buscará «una mayor profesionalidad» en la función local, tanto en el ámbito político como administrativo.
Montoro ha precisado que el informe conocido hoy introduce modificaciones importantes con respecto al primer borrador, que se presentó en julio, y que entre medias se ha producido «una negociación política no siempre afortunada en términos de conclusiones, pero sí para contrastar opiniones».
Entre los detalles avanzados por el ministro, hoy se ha sabido que el Gobierno prohibirá la creación de nuevas empresas públicas municipales y las ya existentes tendrán que disolverse y que las mancomunidades y entidades locales que no rindan cuentas «deberán desaparecer». Asimismo, las Diputaciones absorberán la prestación de servicios de aquellos municipios menores de 20.000 habitantes que no sean capaces de gestionarlos adecuadamente.
Montoro ha negado que esta reforma legal vaya a desembocar en una disminución de las competencias locales, ha dicho que es para todo lo contrario, y ha puesto como ejemplo que se introducirá un procedimiento para conveniar servicios entre las Comunidades Autónomas y los Ayutnamientos de acuerdo con el cual si las primeras no pagan lo acordado, les será retenido en su participación en los ingresos del Estado.
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